El Tribunal del Mar tratará el 10 y 11 de noviembre el reclamo argentino contra Sea Lion

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó para el 10 y 11 de noviembre de 2026 las audiencias orales para tratar el reclamo de la Argentina contra el proyecto Sea Lion. La iniciativa, impulsada por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, apunta a explotar hidrocarburos en aguas cercanas a las islas Malvinas. Argentina pide que se suspendan los trabajos.

Las audiencias se harán en la sala principal del tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania. Serán públicas y se transmitirán en vivo por la web del organismo. En ellas se escucharán los argumentos de la delegación argentina, que demanda a las empresas integrantes del proyecto y al Reino Unido.

La fecha fue comunicada por el presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga. El texto oficial dice: "El Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el juez Maurice K. Kamga, ha fijado los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como fechas para la celebración de la audiencia en el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra Reino Unido)".

Quién llevó el reclamo

El diplomático Mario Oyarzabal, con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, fue el encargado de presentar el reclamo del Gobierno ante el tribunal. La presentación llegó después de que venciera el plazo de dos semanas que la Argentina le había dado a Gran Bretaña para frenar la actividad petrolera.

El gobierno británico respondió con una medida propia: presentó una solicitud a Interpol para que rechace las eventuales peticiones argentinas de detener a personas vinculadas al proyecto Sea Lion. Hasta ahora no se informó una resolución sobre ese pedido.

Qué puede decidir el tribunal

El ITLOS es un órgano independiente creado en 1982 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Esa convención regula el procedimiento de arbitraje obligatorio para resolver controversias entre Estados.

Según el artículo 290, cualquier corte o tribunal competente en el marco de la Convención puede ordenar las medidas provisionales que considere apropiadas. Su fin es preservar los derechos de las partes o impedir daños graves al medio marino mientras se espera la decisión definitiva. Con las audiencias de noviembre queda en marcha el proceso para definir si se frena el proyecto.