Casi la mitad de las pequeñas empresas argentinas no pide créditos por las condiciones desfavorables. Cuvertino presentó un proyecto para cambiar la forma en que la banca evalúa a las MiPyMEs.

El diputado provincial santafesino Cuvertino, presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, presentó un proyecto legislativo orientado a mejorar el acceso al financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas. Su diagnóstico es directo: las MiPyMEs hoy se endeudan para pagar obligaciones de corto plazo, no para invertir. La medida apunta a modificar los criterios con que los bancos evalúan a estas empresas y a crear líneas específicas de la banca pública para reestructurar deudas.
El legislador describió un cuadro de situación preocupante para el sector productivo. Según su presentación, la cadena de pagos muestra señales de quiebre: crecen los cheques rechazados por falta de fondos, aumentan los concursos preventivos y las quiebras. El endeudamiento, dijo, ya no es una herramienta de crecimiento sino un mecanismo de supervivencia.
Cuvertino citó datos de una encuesta del Banco Mundial sobre empresas para ilustrar la magnitud del problema. En Argentina, el 49,4% de las pequeñas empresas no solicita préstamos por las tasas, las garantías exigidas o la complejidad de los trámites. El contraste con Brasil es llamativo: allí ese porcentaje llega al 17,5%. 'Las MiPyMEs no buscan financiamiento porque no lo necesiten, sino porque no encuentran condiciones razonables para acceder a él', señaló el diputado.
Esa brecha, según Cuvertino, tiene su origen en los mecanismos de evaluación crediticia que aplican las entidades financieras. Para las pequeñas empresas, cumplir con los requisitos actuales resulta prácticamente imposible, lo que las excluye del sistema formal de crédito incluso cuando tienen actividad económica comprobable.
La iniciativa presentada incluye dos ejes. Por un lado, la implementación de un sistema alternativo de evaluación crediticia —un 'scoring' simplificado— que permita a las MiPyMEs calificar con documentación más accesible. Por otro, el desarrollo de líneas específicas desde la banca pública para reestructurar deudas ya contraídas. Cuvertino subrayó que el Estado nacional ya dispone de la información necesaria a través de ARCA, el Banco Central y el sistema de Factura Digital, y que solo hace falta cruzar esos datos en lugar de exigir requisitos adicionales.
El legislador también reconoció los límites de la legislatura provincial en esta materia. Santa Fe no tiene jurisdicción sobre el Banco Central ni sobre la política crediticia nacional, pero sí puede, según explicó, defender la matriz productiva local e instalar el tema en la agenda pública. El proyecto se enmarca en una línea de trabajo que ya incluyó herramientas en la ley tributaria vigente y otras iniciativas de fomento para el sector.
Si el proyecto avanza, los cambios en los criterios de evaluación crediticia podrían abrir el acceso al financiamiento formal para miles de empresas santafesinas que hoy quedan fuera del sistema. La discusión, en todo caso, trasciende a Santa Fe: el problema del crédito para las MiPyMEs es estructural y nacional.
Fuente: UNO Santa Fe
¿Qué propone concretamente el proyecto legislativo de Cuvertino?
Propone un sistema alternativo de evaluación crediticia con requisitos simplificados para MiPyMEs y líneas de la banca pública para reestructurar deudas existentes.
¿Qué porcentaje de pequeñas empresas argentinas no pide créditos y por qué?
Según una encuesta del Banco Mundial citada por Cuvertino, el 49,4% de las pequeñas empresas argentinas no solicita préstamos debido a tasas elevadas, garantías excesivas o trámites complejos.
¿Puede la provincia de Santa Fe modificar las condiciones de crédito bancario?
No directamente. Santa Fe no regula al Banco Central ni define la política crediticia nacional, pero puede impulsar proyectos para defender su sector productivo e incidir en la agenda.

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