Mendoza forma inspectores para controlar los proyectos mineros que se vienen

El gobierno de Mendoza puso en marcha una capacitación oficial dirigida a los funcionarios y técnicos que tendrán a cargo la fiscalización de los proyectos mineros que avanzan en territorio provincial. El programa apunta a formar inspectores con herramientas específicas para controlar el cumplimiento de las normativas ambientales y operativas que rigen la actividad.

La decisión llega en un momento en que la minería recupera impulso en Mendoza, con varias iniciativas en distintas etapas de exploración y evaluación. El Estado provincial busca que el aparato de control esté preparado antes de que los proyectos entren en fases más activas, evitando que la fiscalización quede rezagada respecto del ritmo de la industria.

Qué incluye la formación

La capacitación abarca conocimientos técnicos sobre procedimientos mineros, legislación ambiental vigente y protocolos de inspección en campo. Los participantes son agentes de organismos provinciales vinculados al control ambiental y a la gestión de recursos naturales. No se trata de una formación académica de largo aliento, sino de un entrenamiento práctico orientado a la tarea concreta de fiscalizar.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que contar con inspectores capacitados es una condición necesaria para que la actividad se desarrolle dentro de los marcos legales. La postura oficial separa el debate político sobre la minería del plano operativo: el argumento es que, independientemente de las discusiones en curso, el Estado debe estar en condiciones de ejercer el control que la ley le exige.

Un sector bajo la lupa

Mendoza tiene una historia compleja con la minería. La provincia cuenta con la Ley 7.722, que restringe el uso de sustancias químicas en la actividad minera cerca de recursos hídricos, y su intento de modificación en 2019 generó protestas masivas que forzaron la marcha atrás de la legislatura. Desde entonces, cualquier movimiento del sector despierta atención política y social.

En ese marco, la formación de inspectores puede leerse como una señal de que el gobierno provincial anticipa una mayor actividad en el sector y quiere mostrar que el control estatal va a la par. Algunos sectores ambientalistas, sin embargo, advierten que la capacitación del cuerpo fiscalizador no reemplaza una discusión más amplia sobre qué tipo de minería se habilita y bajo qué condiciones.

La proyección inmediata indica que los primeros inspectores formados estarán operativos durante 2025, en coincidencia con el avance de varios expedientes mineros que tramitan en organismos provinciales. Si el programa logra consolidarse, el gobierno apunta a tener un cuerpo técnico permanente dedicado específicamente a la fiscalización del sector.