Lorenzino pide frenar aumentos de luz de hasta 3,5% en Buenos Aires y La Cámpora lo respalda

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió a la Justicia una medida cautelar para frenar los aumentos de tarifas eléctricas que aprobó el gobierno de Axel Kicillof. La Cámpora, la organización que conduce Máximo Kirchner, respaldó el reclamo. El planteo abrió un contrapunto dentro del peronismo bonaerense, con cautelares y apelaciones en marcha, y expone las diferencias entre los sectores que buscan confrontar con el modelo libertario.

El conflicto gira en torno de la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, que aprobó nuevos cuadros tarifarios según la categoría de consumo y la distribuidora. La actualización se traduce en aumentos de entre 1,5% y 3,5% en las facturas finales. La medida alcanza a las cuatro empresas que prestan el servicio fuera del área de concesión de Edenor y Edesur.

Qué cambia en la tarifa

La resolución incorpora una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que remunera los costos propios de las empresas: gastos operativos, mantenimiento, salarios e inversiones. El recálculo técnico del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense contempla además cambios en otros rubros, como el sobrecosto por generación local, el agregado tarifario y el cargo de transición tarifaria.

Las distribuidoras involucradas son EDEN, que opera en el norte y centro de la provincia; EDES, en el sur; EDELAP, en La Plata y alrededores; y EDEA, en la costa atlántica y el centro bonaerense. Todas pertenecen al Grupo DESA, del empresario Rogelio Pagano, que desembarcó y amplió su presencia en el mercado eléctrico bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Los argumentos de la Defensoría

La cautelar presentada por Lorenzino advierte que los ajustes tarifarios se hicieron sin convocar audiencias públicas. Desde la Defensoría explicaron que 'desde 2021 se aplican incrementos sin participación adecuada de los usuarios' y subrayaron que esa falta trasciende a la actual gestión bonaerense.

Otra objeción apunta a 'una pérdida de eficacia' de la Tarifa Social Provincial, en la que 'las bonificaciones destinadas a los sectores vulnerables no acompañaron la evolución de los distintos componentes tarifarios y fueron perdiendo capacidad real de cobertura'. Según el organismo, el esquema dejó de proteger como estaba previsto a los hogares con menos recursos.

En diálogo con LA NACION, voceros de la Defensoría sostuvieron que 'depende de los consumos por usuario, pero pagar la factura en invierno y en verano representa más del 20% del ingreso familiar en los sectores medios'. Agregaron que el problema es mayor para los hogares electrointensivos, que dependen solo de la electricidad para servicios básicos, y mencionaron casos extremos de hogares medios con facturas de entre $600.000 y $800.000 por mes.

La discusión sigue en la Justicia, donde se define si la cautelar prospera y si los nuevos valores se suspenden mientras se resuelve el fondo del reclamo. Mientras tanto, la tensión entre el Ejecutivo provincial y La Cámpora suma un nuevo frente dentro del espacio.