El sector pide renovar la ley de biocombustibles para agregar valor al campo

Productores, industriales y técnicos del sector energético-agrícola reclamaron esta semana la renovación y actualización de la ley de biocombustibles, con el argumento de que la norma actual no refleja las condiciones del mercado ni incentiva la transformación de materias primas en productos con mayor valor agregado. El reclamo se canalizó en foros y encuentros sectoriales donde distintos actores de la cadena coincidieron en que Argentina pierde competitividad cada año que demora la reforma.

La ley de biocombustibles vigente —sancionada en 2006 y modificada en 2021— fija los porcentajes de corte obligatorio de bioetanol y biodiesel en las naftas y el gasoil respectivamente. Sin embargo, el sector advierte que los niveles de corte son bajos en comparación con otros países de la región y que el esquema de precios no garantiza rentabilidad suficiente para sostener inversiones.

Por qué el valor agregado es el centro del debate

El argumento central de quienes impulsan la reforma es que producir soja, maíz o caña de azúcar y exportarlos como commodities implica resignar una porción significativa del ingreso que podría generarse si esas materias primas se procesaran localmente. El biodiesel fabricado con aceite de soja o el bioetanol derivado del maíz o la caña representan, en esa lógica, un escalón industrial que el país puede subir sin grandes complejidades tecnológicas.

En términos concretos, cada tonelada de soja transformada en biodiesel genera más divisas que la misma tonelada exportada como poroto, y además activa empleo industrial en el interior del país. El mismo razonamiento aplica al maíz destinado a bioetanol, especialmente en provincias como Córdoba, donde la cadena maicera tiene peso estructural.

Qué cambios pide el sector

Entre las modificaciones que los actores del sector ponen sobre la mesa figuran: elevar los porcentajes de corte obligatorio, actualizar las fórmulas de precio para que reflejen los costos reales de producción, y extender los plazos de los contratos con las refinadoras para dar previsibilidad a las inversiones. También se menciona la necesidad de generar incentivos para el desarrollo del biogás y el biometano, combustibles que aún tienen participación marginal en la matriz energética nacional.

Desde el lado legislativo, hay proyectos en distintas etapas de tratamiento en el Congreso, pero ninguno logró avanzar con fuerza en los últimos meses. La fragmentación política y la prioridad que ocuparon otras reformas económicas postergaron el debate, según reconocen fuentes del propio sector.

Qué pasa si la ley no se actualiza

Los especialistas advierten que sin un marco normativo renovado, varias plantas de biodiesel y bioetanol operan por debajo de su capacidad instalada o directamente en equilibrio financiero negativo. Eso frena nuevas inversiones y puede derivar en cierres que afectarían principalmente a economías regionales del interior.

La discusión sobre la ley de biocombustibles no es solo técnica ni sectorial: toca directamente el modelo de inserción de Argentina en el mercado global de energías renovables. Si el país no actualiza las reglas, corre el riesgo de quedar afuera de una transición energética en la que otros competidores sudamericanos ya tomaron ventaja.