El Gobierno prevé $7,3 billones para universidades en 2027 y ellas piden $11 billones

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expusieron ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados la posición del Gobierno sobre educación superior. La presentación se hizo en el marco del debate de la ley de gastos y recursos para 2027. El punto central fue la diferencia entre los fondos que prevé el Ejecutivo y los que reclaman las universidades.

El Presupuesto 2027 enviado al Congreso asigna 7,3 billones de pesos al conjunto de las universidades nacionales. Las instituciones académicas piden 11 billones. Según el cálculo difundido, la propuesta oficial queda un 25,4% por debajo de lo que solicitan las casas de estudio, una brecha que domina la discusión en la comisión.

La postura del Ejecutivo

El Poder Ejecutivo sostiene que su accionar se ajusta a las normas vigentes de Ejecución Presupuestaria y Administración Financiera. La Secretaría de Educación argumenta que toda ley que disponga gastos debe indicar de forma explícita cómo se financian. Si no lo hace, la ejecución de esas partidas queda suspendida hasta que se incorporen al presupuesto nacional.

Además, el proyecto de ley incluye una serie de pautas y exigencias técnicas dirigidas a las universidades. La nota original no detalla en qué consisten esas condiciones, que deberán precisarse durante el tratamiento en el Congreso.

El presupuesto educativo en general

El área de Educación contempla en total 9,8 billones de pesos para 2027. Dentro de esa estructura hay reasignaciones e incrementos puntuales. El Plan Nacional de Alfabetización es el que más se destaca, con una partida de 773.000 millones de pesos.

En sentido contrario, el proyecto registra recortes en los programas de becas, la asistencia a comedores escolares, la infraestructura y la formación docente. La nota no informa los montos de esas reducciones ni los porcentajes de variación respecto del año anterior.

La iniciativa también mantiene el esquema de distribución automática de recursos educativos hacia las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Esos fondos se destinan exclusivamente a gastos vinculados con la función educativa. Queda pendiente si Diputados modificará la partida universitaria durante el debate del proyecto.