La comisión emitió dictamen para reformar el marco regulatorio de biocombustibles tras ajustes al proyecto oficial. La iniciativa sube los porcentajes de corte para biodiésel y bioetanol y cambia las reglas de participación empresaria en el mercado.
EconomíaLa comisión parlamentaria correspondiente emitió dictamen favorable para el nuevo proyecto de ley de Biocombustibles luego de que el oficialismo introdujera modificaciones al texto original. El avance se produjo en el Congreso argentino y habilita el tratamiento de la norma en el recinto. El eje central del proyecto es elevar los porcentajes de mezcla obligatoria de biodiésel y bioetanol con combustibles fósiles.
Hasta ahora, la ley vigente establecía pisos de corte que el nuevo texto propone superar. El biodiésel se incorpora al gasoil en una proporción determinada por regulación, al igual que el bioetanol en las naftas. La reforma apunta a aumentar esos umbrales, lo que implica mayor demanda de producción de origen vegetal y potencial impacto en la cadena agroindustrial.
Uno de los puntos más debatidos del proyecto es la modificación del esquema de participación de las empresas en el segmento del biodiésel. La ley actual diferencia entre grandes productores —generalmente vinculados al crushing de soja— y pequeñas y medianas empresas del sector. El nuevo texto altera esa distribución, aunque los detalles exactos de los porcentajes asignados a cada segmento estuvieron en el centro de las negociaciones que derivaron en los cambios previos al dictamen.
El sector empresario venía siguiendo de cerca las definiciones del proyecto porque el mercado interno de biodiésel es, en buena medida, un mercado regulado: los productores venden a las refinadoras a precios fijados por el Estado. Cualquier modificación en la participación relativa de cada tipo de empresa tiene efecto directo sobre los volúmenes de negocio y los ingresos del sector.
En el caso del bioetanol, el debate tiene otra geografía. Los principales productores son los ingenios azucareros del noroeste argentino y las plantas maiceras del centro del país. Un incremento en el porcentaje de corte obligatorio beneficia directamente a esas economías regionales, que llevan años presionando por una actualización de la ley para garantizar mercado y previsibilidad.
El proyecto también contempla un horizonte temporal más largo para el nuevo marco regulatorio, lo que busca dar certeza a las inversiones en el sector. La ley anterior había sido objeto de prórrogas sucesivas, lo que generó incertidumbre entre los operadores.
Con el dictamen en mano, el proyecto puede avanzar al recinto para su votación. Si se aprueba, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar los nuevos porcentajes y el esquema de participación empresaria. El impacto final dependerá de cómo se definan esos detalles y de la velocidad con que se implemente la transición al nuevo régimen.
El debate sobre los biocombustibles cruza intereses del agro, la industria, las refinadoras y las provincias productoras. La sanción de una ley con mayor corte obligatorio puede traducirse en menor importación de combustibles fósiles y en mayor actividad para la agroindustria local, aunque el efecto sobre el precio final al consumidor depende de variables más amplias del mercado energético.
Fuente: Clarin

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