EE.UU. presiona a Argentina para que firme acuerdo comercial que proteja patentes

La número dos de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo, salió a reclamar públicamente que Argentina ratifique un acuerdo comercial bilateral que lleva tiempo sin cerrarse. El eje del reclamo es la protección de patentes y tecnología, dos puntos que Washington considera condición necesaria para que el sector privado norteamericano confíe en el país y desembolse inversiones.

Las declaraciones se produjeron en el marco de una reunión con empresarios y funcionarios argentinos, donde la diplomática dejó en claro que el tiempo de espera de Washington tiene un límite. Según Gómez Rápalo, sin garantías legales sólidas sobre la propiedad intelectual, las compañías estadounidenses no tienen incentivos reales para apostar capital en Argentina.

Qué dice el acuerdo en discusión

El texto en negociación incluye compromisos sobre registro y defensa de marcas, patentes farmacéuticas y protección de datos tecnológicos. Son puntos sensibles para Argentina porque tocan directamente la industria de medicamentos genéricos y el acceso a tecnología importada. Desde el lado argentino, distintos sectores advierten que aceptar esas condiciones podría encarecer medicamentos y limitar márgenes de política industrial.

El Gobierno de Javier Milei, sin embargo, viene mostrando una postura más abierta que administraciones anteriores hacia este tipo de acuerdos. La Casa Rosada entiende que un vínculo comercial más estrecho con Estados Unidos refuerza su estrategia de inserción en el mundo occidental y puede abrir la canilla de inversión extranjera directa que el país necesita para estabilizar su economía.

Qué gana y qué resigna Argentina

Del lado de los beneficios, un acuerdo de este tipo podría abrir mercados para exportaciones agropecuarias, mineras y de servicios tecnológicos argentinos. Del lado de los costos, la presión de Washington apunta a que Argentina modifique o ajuste su legislación interna en materia de patentes, algo que requiere voluntad política y, probablemente, negociación en el Congreso.

La diplomática no precisó plazos ni condicionó explícitamente los flujos de inversión a la firma inmediata del acuerdo, pero el mensaje fue claro: la demora tiene consecuencias. Empresas del sector farmacéutico, tecnológico y energético de Estados Unidos están mirando el proceso antes de tomar decisiones de desembarco.

Argentina ya tiene experiencia con este tipo de presiones. Durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa se firmaron acuerdos de protección de inversiones con varios países que luego derivaron en demandas ante el CIADI cuando la crisis de 2001 alteró las reglas del juego. Ese antecedente pesa en las discusiones técnicas actuales.

La pelota queda ahora del lado del Poder Ejecutivo argentino. Si el Gobierno avanza en la ratificación, deberá explicar los términos a sectores que históricamente resistieron este tipo de compromisos. Si demora, el costo puede ser político y económico: menos inversión en un momento en que el país busca dólares frescos para sostener el programa con el FMI y reactivar la economía.