Corredores inmobiliarios y abogados defienden en Rosario la matrícula provincial frente a la desregulación nacional

Corredores inmobiliarios, dirigentes gremiales y abogados cuestionaron la propuesta nacional de desregular el corretaje inmobiliario durante el primer Congreso Inmobiliario de la Provincia de Santa Fe, realizado en Puerto Norte, Rosario. Defendieron la matrícula profesional y las competencias de las provincias para regular la actividad. El encuentro lo organizaron los Colegios de Corredores Inmobiliarios de Rosario y de Santa Fe (Cocir y CCI Santa Fe) junto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

El congreso reunió a referentes del sector de nivel nacional, regional e internacional, y la discusión fue más allá de lo comercial: se centró en el alcance de las regulaciones y en quién puede ejercer el corretaje. Un primer panel abordó qué herramientas tienen los colegios para combatir la informalidad. Participaron Josefina Pantano, presidenta de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira); Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci); María Cristina Peracchia, presidenta de Cocir; Sabrina Superti, asesora del Tribunal de Ética y Disciplina de Cocir; y Walter Cristian Ramírez, presidente del CCI Santa Fe. Los moderó Leonardo Martín Cejas.

El reclamo de los colegios

Las autoridades gremiales remarcaron el rol social del corredor y la necesidad de un frente común. "Sin colegios no hay profesionales, sin profesionales no hay matrícula y sin que el profesional se apoye y acompañe con su colegio va a ser difícil que esté en una buena sintonía comercial", sostuvo Liotto. La dirigente propuso formar una mesa federal de colegios profesionales "para frenar embates normativos y proteger el patrimonio de la sociedad".

Peracchia planteó que la formación continua y el control ético son lo que resguarda al consumidor. "Lo que hay que blanquear es que el matriculado tiene detrás un colegio al cual se somete a través de un tribunal de ética y disciplina que cuida su labor. Somos nosotros los que tenemos el respaldo de la matrícula", afirmó. Liotto, por su parte, agregó que "solo un profesional inmobiliario puede ponerse en los zapatos del otro para llevar adelante la operación".

Los referentes coincidieron en reforzar los controles, mantener activos los tribunales de ética y promover la capacitación permanente. Según plantearon, el objetivo es jerarquizar la profesión y proteger el patrimonio de quienes participan en operaciones inmobiliarias. También defendieron a los colegios como respaldo institucional del ejercicio profesional y de la vigencia de las matrículas.

El límite del federalismo

Otro panel, moderado por el periodista Ignacio Negri, analizó si la Nación puede eliminar una matrícula provincial y qué límites impone el federalismo. Intervinieron el constitucionalista Maximiliano Toricelli, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Alejo Molina, y Jorge Pighin, vicepresidente de Fira. La discusión se centró en el impacto que tendrían las iniciativas nacionales de desregulación sobre los sistemas provinciales de colegiación.

Molina rechazó los intentos de equiparar el corretaje con actividades comerciales no profesionalizadas: "No es lo mismo vender un auto que vender una propiedad. Hay situaciones que tienen otra trascendencia y consecuencias sociales, y por eso es importante que sean profesionalizadas". Agregó que "plantear que el corretaje es un acto que no requiere ser profesional es un camino errado; la profesionalización y el colegio garantizando estándares mínimos de ejercicio es un proceso exitoso".

El eje de fondo fue cómo compatibilizar la flexibilización económica con las facultades que las provincias conservan según la Constitución. Los especialistas se detuvieron en el artículo 121, que establece que las provincias mantienen los poderes no delegados al Gobierno federal. "El Estado Nacional, antes de pedir una desregulación, se va a encontrar con el artículo 121 de la Constitución Nacional, que es potestad de las provincias", sostuvo Pighin.

Pighin advirtió además sobre las consecuencias de desregular: "El mayor perjudicado va a ser el consumidor final, por la asimetría de poderes". La propuesta de una mesa federal de colegios queda como la principal iniciativa del sector para enfrentar cualquier avance normativo de la Nación sobre la actividad.