ARCA cobra rápido pero tarda en devolver: qué reclaman los contribuyentes

El escenario financiero de esta semana cerró con señales positivas para la macroeconomía: el riesgo país perforó su nivel más bajo en un mes, YPF colocó deuda a tasas que no veía desde hace once años y el Banco Central siguió acumulando reservas. Sin embargo, ese resultado convive con una tensión creciente en la economía real, donde las pymes y los contribuyentes individuales enfrentan una presión tributaria que no cede y un organismo recaudador que no aplica la misma velocidad para devolver lo que corresponde.

ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, concentra hoy buena parte de ese malestar. Ante cualquier demora en el pago, el organismo activa embargos, inhibiciones y retenciones de forma casi automática. Pero cuando el contribuyente tiene saldo a favor o intenta acceder a un plan de facilidades para regularizar su situación, los tiempos se estiran sin respuesta clara. La asimetría es concreta: la herramienta recaudadora funciona; el mecanismo de alivio, no.

La plaza seca y la tasa que ahoga

La tasa de interés para préstamos corporativos ronda el 35% anual, y para las pequeñas y medianas empresas trepa por encima de ese valor. El Gobierno aspira los pesos del mercado a través de licitaciones del Tesoro y encajes bancarios elevados, lo que deja poco margen para financiar capital de trabajo, renovar equipamiento o sostener inventarios. El comercio que necesita vender en cuotas no encuentra financiamiento; la empresa que recurre al descubierto bancario asume costos prohibitivos.

A eso se suman Ingresos Brutos, IVA, Ganancias y tasas municipales que se mantienen en niveles que no bajaron incluso cuando la actividad se contrajo. El discurso oficial promete simplificación fiscal, pero en las ventanillas de ARCA esa promesa todavía no tiene correlato operativo. El resultado es un sistema que exige al contribuyente la misma rapidez que él no recibe cuando es el Estado el que debe.

Lo que piden las empresas

Las cámaras empresariales y los contadores que atienden a pymes vienen planteando tres puntos concretos: planes de pago con cuotas accesibles para quienes quieren regularizar deudas, agilización en la devolución de saldos a favor acreditados, y suspensión de las medidas cautelares automáticas sobre contribuyentes que están en proceso de negociación con el fisco. No se trata de pedir que el Estado deje de cobrar, sino de que el procedimiento tenga dos vías funcionales y no solo una.

El superávit fiscal es el ancla del esquema económico actual y hay consenso amplio sobre su importancia. El Tesoro renovó vencimientos sin sobresaltos esta semana, toda a tasa, lo que confirma que el mercado sostiene la confianza en las cuentas públicas. Pero ese colchón fiscal, señalan desde el sector privado, debería permitir también dar margen operativo a las empresas que financian ese resultado con sus aportes.

Un equilibrio que todavía falta

La Bolsa porteña celebró el desempeño de YPF y el petróleo cerca de los 101 dólares por barril. Los bonos soberanos consolidan su recuperación y las reservas del Banco Central están en máximos de siete años. El país, en términos macroeconómicos, salió de terapia intensiva. Pero la microeconomía opera en una sala de espera sin turno asignado.

La discusión no es si hay que mantener el equilibrio fiscal —hay acuerdo en que sí— sino si la forma en que se lo sostiene distribuye la carga de manera razonable. Un organismo recaudador eficiente que no puede devolver saldos con la misma eficiencia con la que los retiene termina siendo un problema de gestión, no solo de política tributaria. La corrección de esa asimetría no requiere cambiar el rumbo económico: requiere que las dos ventanillas funcionen.