Venció la concesión de Corredores Viales y los trabajadores de peaje quedan en suspenso

Con el vencimiento de la concesión de Corredores Viales S.A. este martes, el gobierno nacional completó el traspaso formal de más de 3.900 kilómetros de rutas a operadores privados. Los nuevos contratos, firmados días atrás, entran en vigencia a partir de las 00:00 del miércoles 7 de octubre de 2026. El proceso forma parte de la privatización dispuesta por la administración nacional, que adjudicó ocho corredores por un plazo de 20 años bajo un esquema de inversión 100% privada, sin subsidios del Estado.

Los tramos concesionados atraviesan once provincias: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Con este paso, el Estado se desprende de los últimos kilómetros de red vial nacional que gestionaba de forma directa a través de Corredores Viales S.A.

La preocupación del sindicato

El Sindicato Único de Trabajadores de Concesionarias Viales y Afines salió a marcar el impacto sobre el personal. Según la organización gremial, el cierre de esta etapa deja a numerosos trabajadores y trabajadoras sin garantía de continuidad laboral, y a sus familias frente a una situación de incertidumbre. El sindicato no precisó cifras, pero subrayó la magnitud del cambio para quienes se desempeñaban en cabinas de peaje y tareas de mantenimiento bajo la órbita de la empresa estatal.

El trasfondo es que los nuevos concesionarios privados no tienen obligación automática de absorber a la totalidad de la planta de Corredores Viales S.A. La negociación sobre convenios colectivos y condiciones de contratación con los nuevos operadores es el punto que concentra la atención del gremio en las próximas semanas.

Cómo funciona el nuevo esquema

Cada uno de los ocho corredores adjudicados será administrado por empresas privadas durante dos décadas. El modelo no contempla aportes estatales: la inversión en mantenimiento y obras corre por cuenta exclusiva de los concesionarios, que financiarán sus operaciones a través del cobro de peajes. El gobierno presentó este esquema como una forma de reducir el gasto público y atraer inversión privada al sector vial.

Corredores Viales S.A. había sido creada en 2014 para hacerse cargo de rutas que quedaron sin concesión privada tras el fin de los contratos de la década del noventa. Durante más de una década operó con financiamiento del Tesoro nacional, esquema que el gobierno actual decidió discontinuar.

Qué viene ahora

La transición hacia los nuevos operadores plantea interrogantes concretos: qué pasa con los trabajadores que no sean incorporados, cómo se actualiza el valor de los peajes bajo el nuevo esquema y qué nivel de inversión comprometen efectivamente las empresas adjudicatarias en el corto plazo. El gremio anticipó que seguirá de cerca el proceso para defender los puestos de trabajo del sector.

Lo que quedó definido es el mapa: once provincias, 3.900 kilómetros y contratos por 20 años. Lo que todavía no está claro es cuántos de los empleados actuales van a seguir trabajando en esas mismas rutas, pero bajo bandera privada.