Vecinos de Tucumán desenterraron ropa nueva que Gendarmería mandó a enterrar

Un vaciadero municipal del barrio Villa Nueva, en Aguilares, Tucumán, se convirtió el fin de semana en el escenario de una escena difícil de creer: casi 200 vecinos llegaron con herramientas de trabajo y cajones para desenterrar toneladas de ropa nueva, acolchados y calzado que habían sido sepultados bajo tierra por orden de la Justicia Federal. La novedad corrió por los grupos de WhatsApp del pueblo y en pocas horas el lugar se llenó de gente cavando pozos de hasta un metro de profundidad.

Un vecino resumió la situación con una frase que se viralizó en todo el norte del país: 'Parece una cosecha de papa.' El tumulto fue tal que el sistema 911 recibió una avalancha de llamados de alerta. Efectivos de la Comisaría de Aguilares y de la Patrulla Motorizada llegaron al lugar y se encontraron con un panorama caótico: decenas de personas sacando mercadería en buen estado de entre la tierra.

De dónde salió esa ropa

Según el informe oficial, la mercadería era parte de varias intervenciones realizadas por el Escuadrón 11 de Gendarmería Nacional en operativos contra tours de compras provenientes principalmente de Bolivia, que ingresaron al país sin la documentación aduanera requerida. Los artículos fueron incautados y almacenados en un galpón.

Las fuerzas federales argumentaron que la ropa sufrió daños irreversibles a causa de inundaciones y la presencia de roedores en el depósito. Con ese dictamen, la Justicia Federal autorizó el descarte y ordenó el entierro de todo el lote en el basural municipal, al considerarlo no apto para uso ni para donación.

La justificación que encendió la polémica

La explicación oficial no calmó los ánimos. Para los vecinos de Aguilares, enterrar ropa, calzado y acolchados en plena crisis económica fue un desperdicio inadmisible. Esa indignación fue, en parte, lo que empujó a tantas personas a agarrar una pala y ponerse a cavar.

El episodio abre preguntas sobre los protocolos que aplica la Justicia Federal para el descarte de mercadería incautada y si existen alternativas antes de ordenar la destrucción o el entierro. Organizaciones sociales de la zona ya reclamaron que ese tipo de bienes debería canalizarse a comedores, merenderos o programas de asistencia antes de terminar bajo tierra.

Por ahora, ningún funcionario ni magistrado aclaró públicamente si la decisión será revisada. Lo que quedó claro en Aguilares es que, mientras el debate no llega, los vecinos se adelantaron a cualquier resolución oficial.