Un tribunal obligó a un banco a devolver 83 millones por operaciones no autorizadas

Un tribunal provincial hizo lugar a la demanda de una empresa contra el banco con el que operaba y ordenó la devolución de 83 millones de pesos, más intereses y costas. La firma había sufrido perjuicios económicos por operaciones electrónicas realizadas en su cuenta sin autorización. El fallo la respaldó pese a que la entidad sostuvo que todo se hizo con credenciales válidas.

Según informó el periodista Alberto Furfari en el portal Versión Rosario, el abogado Federico Tjor promovió la acción para que el banco restituyera el dinero. El letrado detalló que se registró el rescate de un fondo común de inversión y varias transferencias por el monto total, y que ninguna de esas operaciones contaba con una firma digital válida.

La defensa del banco y la respuesta del tribunal

La entidad financiera argumentó que las operaciones se hicieron con el usuario y la contraseña del cliente, y que además fueron confirmadas con la tarjeta de coordenadas. Ese argumento no alcanzó para que el tribunal rechazara el reclamo, según indicó el portal. Los jueces consideraron que el uso de credenciales correctas no prueba, por sí solo, que la empresa haya autorizado los movimientos.

En su sentencia, el tribunal recordó que las actividades bancarias por home banking "han sido calificadas por la jurisprudencia como una actividad riesgosa, lo que determina la aplicación de un factor de atribución objetivo en cabeza de la entidad que administra y se beneficia económicamente de dicho sistema". Es decir, el banco responde por el riesgo del sistema que explota, sin que haga falta probar su culpa.

El texto judicial sumó que en este tipo de operaciones remotas la voluntad del cliente "se satisface con firma digital". Si esa firma no estaba válidamente presente, no se puede dar por acreditado que el titular consintió los movimientos cuestionados.

Las medidas de seguridad que faltaron

La sentencia señaló que las plataformas digitales generan nuevas formas de vulnerar la seguridad de los usuarios, impensadas en la gestión presencial. Por eso, entendió que a las entidades les corresponde un nivel de protección acorde a esos riesgos, y que debe exigirse una seguridad objetiva del sistema.

El fallo también destacó que el banco reconoció que no aplicaba controles adicionales, como "pruebas de identificación positiva mediante datos biométricos, ni contra la base de datos del Sistema de Identificación Digital, ni para el alta de nuevos destinatarios de transferencias ni para operar con destinatarios con los que no se había operado", según reprodujo Furfari.

La nota original no precisa si la entidad apelará la sentencia ni en qué plazo deberá devolver los fondos. Queda pendiente saber si el fallo quedará firme o si el banco recurrirá a una instancia superior.