Un municipio mendocino deberá recategorizar a cinco empleadas y saldar deudas salariales

Un fallo judicial obliga a un municipio de Mendoza a recategorizar a cinco empleadas que venían cobrando por debajo de lo que les correspondía según sus funciones reales. La sentencia exige además el pago retroactivo de las diferencias salariales generadas durante los años en que permanecieron mal encuadradas en el escalafón municipal.

Las trabajadoras desempeñaban tareas que no coincidían con la categoría que figuraba en sus legajos. Esa brecha entre la función real y la categoría formal les generó un perjuicio económico sostenido en el tiempo, que el municipio ahora deberá reparar con carácter obligatorio.

El reclamo y la vía judicial

Las empleadas iniciaron acciones legales al no obtener respuesta administrativa de la comuna. El tribunal analizó la naturaleza de las tareas efectivamente realizadas y las comparó con los requisitos de categorías superiores dentro del convenio colectivo aplicable al personal municipal. La conclusión fue que existía una subcategorización sistemática que no tenía justificación normativa.

El fallo establece que el municipio debe formalizar el cambio de categoría en los registros del personal y liquidar las sumas adeudadas con los ajustes correspondientes al período reclamado. No trascendieron los montos exactos involucrados ni los nombres de las trabajadoras.

Qué implica la recategorización

En el ámbito del empleo público municipal, la categoría determina no solo el sueldo básico sino también los adicionales, la antigüedad y otros beneficios escalafonarios. Quedar encuadrada en una categoría inferior a la real implica una pérdida que se acumula mes a mes. En casos como este, donde el error se prolongó durante varios años, el monto de las diferencias puede resultar significativo.

Esta clase de litigios contra municipios por encuadramiento incorrecto no es infrecuente en Mendoza. Los sindicatos del sector suelen acompañar este tipo de reclamos, aunque en este caso no se especificó si hubo intervención gremial directa en el proceso judicial.

El precedente refuerza la obligación de los municipios de revisar periódicamente la correspondencia entre las tareas asignadas y el encuadramiento formal de su personal. La sentencia quedará firme salvo que el municipio decida apelarla ante una instancia superior.