Un juez federal frenó la venta de tierras frente al Perito Moreno autorizada por Vidal

El juzgado federal de Río Gallegos ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que se abstenga de realizar transferencias de dominio sobre las parcelas G2 y G3, ubicadas en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno. La medida congela la venta autorizada por el gobernador Claudio Vidal y obliga a mantener la situación registral sin cambios mientras las actuaciones se remiten a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El decreto provincial 915/2026, firmado por Vidal, permitía que Lacustre del Sud S.A., actual titular del inmueble, lo vendiera a ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad constituida hace poco en Argentina. La resolución la dictó el juez Claudio Marcelo Vázquez a partir de un amparo de los diputados provinciales Agostina Mora Doldán y Carlos Alegría, junto a otros legisladores y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS). La presentación cuestiona la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 y su aplicación en el decreto provincial.

Lo que el juez resolvió y lo que no

Vázquez no suspendió el decreto 915/2026 ni dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023. La transacción estaba avanzada y la provincia ya había otorgado la excepción, pero el magistrado optó por conservar el estado de las tierras e impedir que la operación progrese hasta que se determine qué tribunal es competente. Consideró que el Juzgado Federal de Río Gallegos no puede resolver el fondo del amparo.

Según el juez, la demanda no puede dirigirse solo contra el Estado Nacional. También deben intervenir la Provincia de Santa Cruz, Lacustre del Sud S.A., vendedora del inmueble, y ASB Hospitality Calafate S.A.U., compradora y beneficiaria de la excepción provincial. Como Nación y Provincia son partes centrales del conflicto, concluyó que el caso debe tramitar directamente ante la Corte Suprema.

La legisladora Mora Doldán le dijo a El Destape: "Un logro sería la derogación del DNU 70/23, por lo pronto esto sólo es una orden restrictiva que debería detener la adquisición de las tierras de la Península . Pero eso no quita que se busque una nueva maniobra que, en definitiva, igual tenga impacto sobre el ambiente y la soberanía territorial ".

El proyecto y la mirada del sector turístico

El emprendimiento estaba pensado para un segmento de alto poder adquisitivo, con tarifas que pueden llegar a 2.000 dólares por noche. Al orientarse a un turismo de élite, abrió interrogantes sobre su impacto en la economía local. El sector hotelero de El Calafate y Río Gallegos analiza qué efecto tendría un establecimiento de este tipo sobre comercios, alojamientos y trabajadores vinculados al turismo.

Pablo Perret, presidente de la Asociación Civil de Alojamiento Turísticos de El Calafate, recordó en diálogo con El Destape 1070 que en los años 90 hubo otro proyecto hotelero impulsado por María Julia Alsogaray y su esposo, entonces presidente de la Administración de Parques Nacionales. "En este proyecto, se hablaba de hasta 2.000 camas . Solo se construyó una sola hostería que era Los Notros. Hace 12 años atrás cerró y cambió de dueño", detalló.

Perret agregó que el sector atraviesa "la peor temporada para el sector turístico" y que no consideran "que estos fondos vuelvan a la provincia para ser beneficio de la ciudadanía". Ahora el expediente deberá llegar a la Corte Suprema, que tendrá que definir si le corresponde resolver el amparo, mientras las parcelas G2 y G3 siguen sin poder transferirse.