Un investigador del CONICET cuestiona la idea del 'gobierno criminal' en las villas

Gabriel Kessler, docente de la Universidad Nacional de San Martín e investigador del CONICET, sostiene que la noción de 'gobierno criminal de las villas' no refleja la realidad de los barrios populares argentinos. En declaraciones recientes, el sociólogo argumentó que esa idea simplifica procesos complejos y distintos según cada territorio, y que aplicarla de forma genérica distorsiona tanto el diagnóstico como las políticas públicas.

Kessler lleva años estudiando violencia, desigualdad y seguridad en Argentina. Su trabajo lo llevó a comparar tres escenarios urbanos con dinámicas muy diferentes: el conurbano bonaerense, la ciudad de Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según su análisis, cada uno de esos espacios tiene una relación propia entre las fuerzas policiales, los actores delictivos y los vecinos de los barrios.

Las diferencias entre territorios

En el conurbano, la presencia policial tiene un peso histórico que moldeó vínculos informales con actores del delito, lo que genera zonas grises difíciles de reducir a una sola lógica. En Rosario, en cambio, la expansión del narcotráfico sí produjo disputas territoriales más violentas, con grupos que buscan controlar espacios y extorsionar comerciantes. Pero incluso allí, dice Kessler, el concepto de 'gobierno criminal' resulta impreciso: no hay una autoridad criminal unificada que reemplace al Estado, sino fragmentación y conflicto permanente.

En CABA, el patrón es distinto. La mayor densidad institucional y el despliegue de múltiples agencias de seguridad generan una presencia estatal más visible, aunque eso no elimina la existencia de mercados ilegales ni la vulnerabilidad de las personas que viven en las villas. La diferencia, según el investigador, está en el grado de penetración y en los actores que intervienen, no en una lógica de control territorial absoluto por parte del crimen.

Por qué importa el debate conceptual

El punto central de la crítica de Kessler no es minimizar la violencia ni negar la presencia del delito organizado. Es advertir que las políticas de seguridad basadas en diagnósticos equivocados producen intervenciones que agravan el problema. Si se asume que toda una villa está 'gobernada' por criminales, la respuesta tiende a ser represiva y colectiva, lo que termina perjudicando a los vecinos que no tienen ningún vínculo con el delito y que, en muchos casos, son sus principales víctimas.

El investigador también señala que los medios de comunicación y la política tienen un rol en la consolidación de esas representaciones. La repetición de ciertas imágenes y narrativas sobre los barrios populares instala marcos interpretativos que luego condicionan tanto la opinión pública como las decisiones de gobierno.

El debate que abre Kessler tiene consecuencias prácticas directas. En un contexto donde la seguridad es uno de los temas más sensibles de la agenda argentina, la precisión conceptual no es un lujo académico: define qué tipo de Estado se despliega en los barrios, con qué herramientas y con qué consecuencias para quienes los habitan.