Un filósofo argentino propone en el G20 Interfaith Forum un estándar común para regular la IA

El filósofo y bioeticista argentino Fishel Szlajen fue convocado al AI Working Group del G20 Interfaith Forum 2026, donde presenta una propuesta para regular la inteligencia artificial. Su planteo apunta a que los principios éticos ampliamente compartidos se conviertan en obligaciones institucionales verificables y exigibles. El encuentro se realiza del 15 al 17 de octubre en la Universidad de Utah, en Salt Lake City, Estados Unidos, bajo el lema Resilient Hope, Shared Future.

La IA ya interviene en decisiones que afectan la salud, el empleo, la educación, la privacidad y otros derechos fundamentales. Por eso, según Szlajen, el problema no se limita a lo que estos sistemas pueden hacer: también hay que definir quién está legitimado para autorizar su uso, bajo qué límites y con qué responsabilidades. El programa del foro incluye una plenaria sobre oportunidades y amenazas de la IA y una sesión llamada AI Innovation and Human Dignity, dedicada a traducir las preocupaciones éticas en medidas concretas.

La Ética del Límite aplicada a la IA

La propuesta se apoya en la Ética del Límite, una construcción filosófica del propio Szlajen sobre legitimidad, responsabilidad y ejercicio del poder. Su premisa es que poder realizar una acción no equivale a estar legitimado para hacerla. Aplicado a la IA, según dijo, implica "que la factibilidad tecnológica no basta para justificar su uso. Los límites, por tanto, no deberían operar únicamente después del daño, mediante sanciones o reparaciones, sino también antes, como condiciones para autorizar, restringir o impedir determinadas aplicaciones".

Uno de los conceptos centrales es el "consenso de operatividad": un acuerdo sobre condiciones comunes de legitimidad que no exige unanimidad sobre los fundamentos últimos, ya sean filosóficos, religiosos o políticos. El objetivo es llegar a un estándar compartido, formado por límites al ejercicio del poder, obligaciones institucionales indelegables y mecanismos verificables de cumplimiento. Así, las diferencias entre países con distintas tradiciones éticas, sistemas jurídicos y capacidades de control no impedirían acordar qué deben demostrar y garantizar las instituciones.

Cómo se aplicaría el estándar

El estándar no busca reemplazar las normas técnicas existentes, sino complementarlas. Para cada aplicación habría que determinar quién autoriza su uso, qué riesgos se evalúan antes, qué garantías deben acreditarse, quién supervisa el cumplimiento y qué consecuencias tiene una infracción. "La responsabilidad dejaría de agotarse en la adhesión a principios generales", enfatizó Szlajen.

El bioeticista dio ejemplos concretos. En sistemas utilizados por menores de edad, las obligaciones podrían traducirse en evaluaciones previas y mecanismos efectivos de prevención y reparación. En herramientas empleadas por hospitales, empresas u organismos públicos, exigirían responsables identificables, controles independientes y vías de revisión de las decisiones automatizadas. La idea es pasar de los valores proclamados a garantías que puedan comprobarse.

Otro componente distingue la verificación de garantías operativas de la divulgación indiscriminada de información protegida. Una auditoría de IA debería poder acreditar requisitos de seguridad y responsabilidad sin revelar secretos industriales de forma innecesaria. Si el acceso a información reservada resulta indispensable, podrían fijarse procedimientos confidenciales que protejan la propiedad intelectual sin impedir la supervisión. "Tal como en cualquier código de normas, políticas, procedimientos y buenas prácticas de una organización, no alcanza con adherir a principios o valores: las instituciones deben poder demostrar cómo los cumplen", señaló Szlajen.

El documento de discusión del foro ya contempla ejes afines, como parámetros verificables de seguridad y equidad, alfabetización digital, privacidad, derechos laborales, protección de menores y mecanismos de reparación. También menciona la necesidad de estándares internacionales y supervisión regulatoria. Resta ver si el grupo de trabajo incorpora el consenso de operatividad en sus conclusiones durante las jornadas de octubre.