Un documento interno del MPA habilita acusaciones 'sobredimensionadas' para negociar penas

El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, distribuyó entre los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe un documento interno que, por primera vez en la historia del organismo, reconoce por escrito la posibilidad de formular cargos inflados para luego negociar una rebaja de pena. El texto cuenta con el aval expreso de la fiscal general, María Cecilia Vranicich.

El párrafo central del escrito indica que 'el órgano fiscal conserva la posibilidad de formular una acusación sobredimensionada y ofrecer luego, en el marco de las tratativas, una reducción sustancial de la pena pretendida', con impacto directo sobre la voluntad del imputado al momento de reconocer su culpabilidad. El documento refiere específicamente al mecanismo de los juicios abreviados.

El detonante: un juez que declaró inconstitucional una instrucción interna

El escrito de Merlo surgió como respuesta a una audiencia pública celebrada en Rosario el 26 de agosto pasado. En el acta correspondiente, bajo la expresión latina 'obiter dictum', un juez dejó asentado que una instrucción interna del MPA 'luce inconstitucional'. Merlo identificó esa instrucción como la N.° 1/2025, emitida por la Fiscalía General.

La declaración judicial no era el eje del debate jurídico que se desarrollaba en esa audiencia, sino una acotación al margen. Sin embargo, fue suficiente para motivar una respuesta formal del fiscal regional, que derivó en el documento que ahora circula dentro del organismo.

Qué implica la 'acusación sobredimensionada'

En el sistema de juicios abreviados, el fiscal y la defensa negocian antes del juicio oral: el imputado admite su culpabilidad a cambio de una pena menor a la que enfrentaría en un debate pleno. Lo que el documento reconoce es que el punto de partida de esa negociación puede ser deliberadamente más alto que lo que la evidencia justifica, con el objetivo de tener margen para ceder.

Esa práctica, aunque conocida en el ámbito judicial, nunca había quedado plasmada en una comunicación oficial del MPA. La transparencia del texto llamó la atención dentro del propio organismo: varios fiscales que lo recibieron habrían reaccionado con sorpresa ante la franqueza de la redacción.

El episodio abre un debate sobre los límites del poder acusatorio en Santa Fe y sobre si la presión implícita que genera una acusación inflada afecta la libre decisión del imputado de declararse culpable. La constitucionalidad de la Instrucción N.° 1/2025 quedó en entredicho tras el pronunciamiento judicial, y el documento de Merlo, lejos de zanjar la cuestión, suma un elemento más al expediente.