Un diputado quiere frenar los embargos de ARCA sobre pymes y microempresas

El diputado nacional santafesino Alejandro Farías presentó un proyecto de ley para suspender temporalmente las ejecuciones fiscales que lleva adelante ARCA —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero— sobre pequeñas y medianas empresas. La iniciativa ingresó al Congreso en las últimas semanas y busca también facilitar la regularización de deudas y proteger el capital de trabajo de las firmas más chicas.

El detonante fue un relevamiento realizado en Rosario que detectó una concentración alarmante: tres de cada cuatro embargos ejecutados por el organismo recaudador caen sobre microempresas. Ese dato instaló la discusión sobre si la agresividad recaudatoria del Estado nacional está golpeando a los sectores con menos espalda financiera para absorber ese tipo de medidas.

Qué propone el proyecto

La iniciativa tiene tres ejes centrales. El primero es la suspensión de las ejecuciones fiscales en curso contra pymes y microempresas por un período determinado. El segundo apunta a crear un mecanismo más accesible para que las empresas puedan regularizar sus deudas con el fisco sin necesidad de afrontar juicios. El tercero establece una protección explícita sobre el capital de trabajo, es decir, los fondos que una empresa necesita para operar día a día.

Farías argumentó que los embargos ejecutados en este contexto no solo no garantizan la recuperación del crédito fiscal, sino que aceleran el cierre de negocios que de otro modo podrían sostenerse. La lógica del proyecto es que una empresa que cierra no paga nada, mientras que una que sigue operando puede saldar su deuda de forma escalonada.

El dato de Rosario que encendió las alarmas

El informe elaborado en la ciudad santafesina puso números concretos sobre una situación que los contadores y abogados tributaristas venían advirtiendo desde hace meses. El 75% de los embargos de ARCA sobre empresas privadas recae en el segmento de microempresas, que son justamente las que tienen menor acceso al crédito, menos reservas y más dificultades para contratar asesoramiento legal especializado.

Ese dato cambia la lectura del fenómeno: no se trata de una persecución a grandes evasores, sino de una presión que se concentra en el eslabón más débil de la cadena productiva. Para muchos de esos negocios, un embargo sobre la cuenta bancaria puede significar no poder pagar sueldos ni proveedores en el mismo mes.

El proyecto de Farías todavía no tiene dictamen de comisión ni fecha de debate en el recinto. Para avanzar, necesitará el acompañamiento de otros bloques, lo que en el Congreso actual representa un desafío no menor dado el mapa de alianzas en torno a la política económica del Gobierno nacional. La iniciativa, sin embargo, instala un tema que puede ganar tracción si los datos de embargos sobre pymes siguen creciendo en los próximos meses.