Trata en colegios de Salta: casi 30 víctimas y juicio previsto para 2027

La investigación federal por trata de niñas vinculada a colegios de Salta tiene cerca de 30 víctimas identificadas y ocho personas imputadas. Así lo explicó Nicolás Escándar, recién designado defensor público oficial federal, en diálogo con el programa 'Vale Todo' de Radio Aries. Según precisó, en noviembre vence el último plazo de prórroga de la etapa investigativa y la causa reúne elementos suficientes para avanzar hacia una acusación formal.

La investigación se formalizó en septiembre de 2025, cuando la Justicia Federal imputó a cuatro adultos por la presunta captación de alumnas de un colegio secundario de la zona sur de Salta con fines de explotación sexual. Todos quedaron con prisión preventiva. También fue imputado de forma provisoria un adolescente de 16 años.

La hipótesis sobre cómo operaba la red

Según la hipótesis fiscal, uno de los principales acusados trabajaba como remisero y habría usado la confianza que los padres depositaban en él para el traslado de sus hijas. A través de ese vínculo, los habría acercado a las adolescentes para luego vincularlas con otros hombres. En el momento de la imputación inicial había tres víctimas identificadas, pero la causa fue creciendo hasta llegar al número actual.

Escándar reconoció que aún resta ordenar un expediente de gran volumen: el análisis de teléfonos celulares y otra evidencia vinculada tanto a las víctimas como a los acusados. Aun así, sostuvo que 'hay prueba suficiente como para avanzar hacia el juicio', aunque admitió que el fiscal podría requerir alguna medida adicional antes de cerrar la investigación.

Las penas que podrían recibir los imputados

Sobre las eventuales condenas, Escándar estimó que podrían ser elevadas dado el número de víctimas y la repetición de los hechos. Explicó que en estos casos puede aplicarse el denominado concurso real de delitos, lo que elevaría las penas a un rango de entre 15 y 25 años de prisión. Aclaró, sin embargo, que la definición final dependerá de la acusación que formule el fiscal y de lo que resuelva el tribunal en su momento.

Escándar también calculó que el juicio oral podría realizarse durante el primer semestre de 2027, aunque no descartó que se desplace a la segunda mitad del año según cómo avance la instrucción. Tras asumir su nuevo cargo como defensor público oficial federal, dejó de representar a las víctimas: esa función quedó a cargo de Diana Ramírez, quien se desempeña como defensora pública de víctimas subrogante.

La causa continúa en manos de la Justicia Federal salteña y la próxima definición clave llegará en noviembre, cuando venza el plazo de prórroga y el fiscal deba decidir si cierra la investigación o solicita medidas adicionales antes de formular la acusación.