Sobreprecios de hasta 4.000% y desvíos por $158.000 millones en la ANDIS

La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acumula evidencia de irregularidades masivas: sobreprecios de entre 1.900% y 4.000% sobre el valor real de insumos médicos y ortopédicos, y un desvío total que supera los $158.000 millones. Los datos surgen de informes técnicos presentados ante la Justicia por Alejandro Vilches, quien hasta hace pocas semanas era interventor del organismo y renunció al cargo.

Vilches firmó esos documentos a mediados de octubre de 2025 y también el 10 de abril de 2026, en el marco de un escándalo que ya llevaba meses de exposición pública. En ellos describió 'irregularidades de gravedad', 'sobreprecios sistemáticos', ausencia de procedimientos adecuados y demoras que calificó como 'técnicamente indefendibles'. El mismo funcionario fue quien impulsó la denuncia formal ante la Justicia.

Qué compró el Estado y a qué precios

Entre los productos auditados figuran válvulas pulmonares, prótesis, sillas de ruedas, neuroestimuladores, implantes cocleares e insumos ortopédicos. Las compras se realizaron a proveedores privados cuyos precios llegaron a cuadruplicar y hasta a superar en un 4.000% el valor de mercado. Comparados con lo que pagaba el PAMI por los mismos artículos, los precios de la ANDIS eran hasta 20 veces más altos. Además, según la denuncia, los productos importados adquiridos eran más caros y de peor calidad que los nacionales disponibles.

El listado de empresas que le facturaron al Estado más de $25.000 millones incluye a Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA, entre otras.

El contexto político del caso

El escándalo tomó estado público semanas antes de que Vilches presentara los informes técnicos, en parte por la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exfuncionario del área. El presidente Javier Milei sostuvo que esas grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, aunque el propio Spagnuolo reconoció ser su autor. La contradicción entre la postura oficial y los dichos del involucrado directo profundizó la crisis política en torno al organismo.

La ANDIS es el ente que gestiona prestaciones para personas con discapacidad en todo el país. Que sus fondos hayan sido objeto de sobreprecios sistemáticos implica, en términos concretos, que el dinero destinado a quienes más lo necesitan fue drenado hacia proveedores privados con precios inflados.

Qué sigue en la causa

La Justicia tiene en su poder los informes técnicos firmados por Vilches y el listado de proveedores. La causa avanza sobre la determinación de responsabilidades individuales dentro del organismo y sobre las empresas contratadas. La renuncia del interventor, presentada como 'indeclinable', agrega presión sobre la conducción política que supervisó el área durante el período investigado.

El caso instala una pregunta concreta sobre los mecanismos de control en los organismos del Estado: cómo fue posible que durante meses se pagaran precios entre 10 y 20 veces superiores a los de referencia sin que ningún sistema de alerta activara una revisión. La respuesta, por ahora, la busca la Justicia.