Santiago Caputo afirmó que el 60% de las pensiones por invalidez son truchas

El asesor presidencial Santiago Caputo aseguró que aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez que se pagan en el país son truchas. Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de X, donde sostuvo que se trata de certificados emitidos por políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política.

Caputo vinculó esa cifra con el estado de las prestaciones para quienes tienen una discapacidad. Según planteó, como los recursos son escasos, las prestaciones para quienes efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre. Cerró con una definición contundente: el tema pensiones por invalidez debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años.

En el mismo mensaje, el asesor apuntó contra el Congreso. Afirmó que mientras el Gobierno intenta dar de baja esas pensiones, los legisladores no solo obstaculizan esa tarea sino que pretenden duplicar las existentes. También comparó la situación local con la de otros países: dijo que la Argentina tiene más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra.

Un conflicto abierto con el sector

Las declaraciones llegan en medio de un conflicto entre el Gobierno y el colectivo de personas con discapacidad. Esta semana el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que busca revisar el régimen de pensiones no contributivas.

Los dichos de Caputo se suman a una serie de medidas y declaraciones oficiales que distintas organizaciones vienen denunciando como un ataque sistemático al sector. No es la primera vez que la administración nacional toma decisiones sobre estas prestaciones: el planteo actual se apoya en antecedentes recientes de revisión y recorte.

Recortes y fallos judiciales

Durante 2024 y 2025, el Ejecutivo dispuso recortes y suspensiones masivas de pensiones no contributivas por invalidez. Para eso se amparó en el Decreto 843/24, que fijó criterios más restrictivos para acceder y conservar el beneficio.

Distintas provincias y organizaciones sociales respondieron con acciones de amparo colectivo y obtuvieron fallos favorables, que ordenaron restituir de inmediato las pensiones suspendidas. Ocurrió en Catamarca, La Rioja, Salta y Misiones. Queda por verse cómo avanzará en el Congreso el proyecto contra el fraude, que el oficialismo envió esta semana.