Santa Fe prohibió a los cuidacoches: qué penas aplican desde ahora

El Senado de Santa Fe aprobó una reforma al Código de Convivencia provincial que prohíbe la actividad de los cuidacoches en todo el territorio. La norma establece sanciones que van desde trabajo comunitario hasta 20 días de arresto para quienes ejerzan esta práctica en la vía pública.

La ley no entra en vigencia de manera automática en cada ciudad. Para que las sanciones sean aplicables, cada municipio deberá adherir formalmente a la normativa provincial. Sin esa adhesión, el texto legal no tiene efecto en el ámbito local.

Qué dice la ley y cómo se gradúan las penas

El régimen de sanciones escala según las circunstancias del caso. Las penas más severas apuntan a tres situaciones específicas: la reincidencia, los casos en que el cuidacoches utiliza amenazas o intimidación para exigir dinero, y la existencia de organizaciones detrás de la actividad. En esos supuestos, el arresto puede alcanzar su tope máximo de 20 días.

Para los casos simples, sin antecedentes ni violencia, la norma prevé como primera respuesta el trabajo comunitario. La idea es distinguir entre quien ejerce la actividad de forma aislada y quien lo hace de manera reiterada o dentro de una red organizada.

Qué cambia en la práctica para los municipios

La adhesión municipal es el paso clave para que la ley tenga impacto real en las calles. Los intendentes y concejos deliberantes de cada ciudad deberán resolver si incorporan la normativa a su propio marco regulatorio. Hasta que eso ocurra, los agentes de tránsito y la policía local no tienen respaldo legal para aplicar las sanciones que prevé la reforma.

Esto significa que la ley puede tener un mapa de aplicación desigual dentro de la propia provincia: habrá municipios que la adopten rápido y otros que demoren o directamente no adhieran.

El debate que quedó abierto

La prohibición reactiva un debate que en Argentina se repite cada vez que una ciudad intenta regular o eliminar la figura del cuidacoches. Por un lado, vecinos y comerciantes suelen reclamar que la actividad deriva en extorsión encubierta. Por otro, sectores sociales advierten que muchos de quienes la ejercen lo hacen por falta de acceso al mercado laboral formal.

La ley santafesina no resuelve esa tensión de fondo, pero fija un marco jurídico claro donde antes no había uno. La efectividad de la norma dependerá tanto de la voluntad política de los municipios para adherir como de la capacidad operativa para hacer cumplir las sanciones en el territorio.