Santa Fe destituyó a tres policías condenados por apremios ilegales

El gobierno de Santa Fe destituyó a tres policías de la fuerza provincial tras una condena penal firme por apremios ilegales y otros delitos conexos. La medida, que implica la baja definitiva de la institución, también conlleva el cese inmediato del cobro de haberes. Los tres efectivos dejaron de percibir su salario a partir de la resolución oficial.

La destitución se concretó luego de que la Justicia dictara sentencia firme contra los tres uniformados. El procedimiento administrativo siguió el camino habitual en estos casos: una condena penal ejecutoriada habilita al Ejecutivo provincial a aplicar la máxima sanción dentro del escalafón policial, que es la separación definitiva del cuerpo.

Qué delitos se les imputaron

Los tres policías fueron condenados por apremios ilegales, figura que en el Código Penal argentino contempla el uso de violencia o intimidación por parte de un funcionario público para obtener declaraciones o coaccionar a una persona. La causa incluyó además otros delitos, aunque el gobierno provincial no precisó en detalle cuáles fueron ni en qué instancia ni tribunal se dictó la sentencia.

Los apremios ilegales representan una de las violaciones más graves a los derechos de las personas en custodia del Estado. En Santa Fe, como en otras provincias, este tipo de condenas suele derivar en procesos administrativos internos que pueden culminar en sanciones disciplinarias, suspensiones o, como en este caso, la destitución.

Qué implica la baja definitiva

La destitución no es una suspensión ni una licencia sin goce de sueldo: es la ruptura total del vínculo laboral con la fuerza policial. Los tres efectivos pierden el cargo, el uniforme, los beneficios institucionales y el salario de forma permanente. No pueden reincorporarse a la policía provincial.

Este tipo de medidas tienen un componente tanto disciplinario como simbólico. El gobierno provincial busca dejar en claro que una condena penal firme es incompatible con la continuidad en la función pública de seguridad, independientemente del tiempo que haya transcurrido entre el hecho y la sentencia.

Cómo reaccionaron las autoridades

Desde el Ejecutivo santafesino no hubo declaraciones públicas extensas sobre el caso. La resolución se aplicó por vías administrativas formales, sin conferencia de prensa ni comunicado oficial detallado. Las fuentes oficiales confirmaron la destitución y el cese salarial, pero no brindaron información adicional sobre la identidad de los efectivos ni sobre las víctimas del proceso judicial.

La decisión se enmarca en una política que el gobierno provincial sostiene desde hace tiempo: avanzar en la depuración interna de la fuerza policial cuando existen condenas firmes por delitos cometidos en el ejercicio o en abuso de la función. Con tres bajas definitivas en simultáneo, el caso tiene una dimensión poco frecuente en los procedimientos habituales de sanción policial en Santa Fe.