Salta reclama fondos a Nación y evalúa cómo sostener sus obras

El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, encendió una señal de alerta esta semana al revelar que un conjunto de obras de infraestructura provincial no fue contemplado en el Presupuesto nacional para 2027, mientras que otras cuentan con partidas insuficientes para completarse dentro de ese año. La advertencia instala una tensión directa entre la provincia y el gobierno nacional en materia de financiamiento de obra pública.

Camacho hizo pública la situación en el marco del análisis que el ejecutivo provincial lleva adelante sobre el impacto del presupuesto enviado por la Nación. Salta depende en buena parte de la coparticipación y de los fondos nacionales para sostener inversiones que ya están en marcha o comprometidas con contratistas y comunidades.

Las obras en riesgo

Aunque el funcionario no detalló públicamente el listado completo de proyectos afectados, dejó en claro que la situación no es menor. Algunas iniciativas directamente no aparecen en el esquema presupuestario nacional, lo que las deja sin respaldo financiero formal para el año próximo. Otras figuran, pero con montos que no alcanzan para cubrir el cronograma de ejecución previsto.

Este escenario pone al gobierno de Salta ante una disyuntiva concreta: o renegocia con Nación para que amplíe las partidas correspondientes, o busca fuentes alternativas de financiamiento para no paralizar las obras en curso. Ninguna de las dos opciones es sencilla en un contexto de ajuste fiscal a nivel nacional.

La posición del gobierno provincial

Desde la provincia, la lectura es que se trata de una omisión que debe corregirse en el trámite parlamentario del presupuesto. El gobierno salteño evalúa gestionar ante legisladores nacionales propios y aliados para incorporar modificaciones que restituyan los fondos necesarios. La ventana para hacerlo es el debate en el Congreso, que aún no arrancó con fuerza.

Camacho no descartó ninguna vía y subrayó que la prioridad es no frenar proyectos que ya tienen impacto concreto en municipios y comunidades del interior provincial. En ese sentido, la postura oficial es de reclamo activo, no de resignación.

El caso de Salta no es aislado. Varias provincias vienen cuestionando el recorte de obra pública que acompaña la política de equilibrio fiscal del gobierno de Javier Milei. La tensión entre ajuste central y demanda territorial es uno de los ejes del vínculo Nación-provincias que más ruido genera en este tramo del mandato. Lo que resuelva Salta en las próximas semanas puede marcar un precedente para cómo otras provincias encaran el mismo problema.