Treinta años después, la causa judicial da un paso concreto. Daniel Rafecas firmó los procesamientos contra ocho ciudadanos extranjeros señalados como responsables del ataque que mató a 85 personas en 1994.

El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. La resolución judicial establece su responsabilidad penal en el hecho que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y que permanece como el ataque terrorista más grave de la historia argentina.
Entre los procesados figuran funcionarios iraníes que ya contaban con alertas rojas de Interpol desde hace años, junto a miembros identificados de Hezbollah. El magistrado instruyó el expediente durante años acumulando pruebas sobre la cadena de decisiones y la logística del operativo que terminó con la explosión de una camioneta bomba frente al edificio de la mutual judía en el barrio porteño de Once.

Los ocho imputados son de nacionalidad iraní y libanesa. Varios de ellos ocupaban cargos en la estructura de inteligencia del gobierno de Irán durante la época del atentado. Uno de los nombres centrales es Ahmad Vahidi, ex ministro de Defensa iraní, quien tiene pedido de captura internacional desde hace más de una década. También figura Ali Fallahijan, ex titular del servicio de inteligencia de Irán, VEVAK. La justicia argentina sostiene que la decisión de ejecutar el ataque se tomó en Teherán.


Del lado libanés, el procesamiento alcanza a integrantes operativos de Hezbollah, organización que según la investigación fue la encargada de ejecutar materialmente el ataque. La figura de Imad Mughniyeh, jefe de operaciones especiales del grupo y muerto en 2008, ya había sido señalada en etapas anteriores de la causa.

La causa AMIA acumula tres décadas de investigación, escándalos políticos y maniobras que obstruyeron el avance judicial. El punto más oscuro fue el encubrimiento liderado por el ex fiscal Alberto Nisman, quien en 2015 acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de intentar desactivar la persecución penal sobre Irán mediante el Memorándum de Entendimiento firmado en 2013. Nisman apareció muerto un día antes de exponer su denuncia ante el Congreso.
Rafecas tuvo un rol clave en ese episodio: desestimó la denuncia de Nisman por falta de pruebas, decisión que generó controversia y fue revisada en instancias superiores. Ahora, con este procesamiento, el magistrado avanza sobre el núcleo duro del caso: los autores intelectuales y operativos del ataque.
Un procesamiento en el sistema judicial argentino es la resolución por la cual un juez determina que existen pruebas suficientes para sostener la responsabilidad de un imputado y continuar el proceso hacia juicio oral. No equivale a una condena, pero es un paso formal de peso dentro de la instrucción. En este caso, dado que los acusados no están en territorio argentino y sus países no tienen tratados de extradición con la Argentina, la posibilidad de que sean juzgados físicamente en el país es prácticamente nula en el corto plazo.
Aun así, la medida tiene valor simbólico, político y jurídico. Consolida el relato probatorio construido por la justicia argentina sobre lo sucedido el 18 de julio de 1994 y mantiene viva la presión internacional sobre los imputados. La AMIA y las organizaciones de víctimas celebraron la decisión como un avance concreto después de años de demoras y retrocesos.
Fuente: A24
¿Quiénes son los ocho procesados por el atentado a la AMIA?
Son ciudadanos iraníes y libaneses, entre ellos ex funcionarios de inteligencia de Irán como Ahmad Vahidi y Ali Fallahijan, y operativos identificados de Hezbollah. Ninguno está detenido ni en territorio argentino.
¿Qué significa el procesamiento en términos legales?
Es la resolución judicial que establece que hay pruebas suficientes para responsabilizar a los imputados y avanzar hacia un juicio. No es una condena, pero es un paso formal dentro de la instrucción penal.
¿Pueden ser extraditados a la Argentina los imputados?
Es muy poco probable en el corto plazo. Ni Irán ni Líbano tienen tratados de extradición vigentes con Argentina, por lo que los acusados difícilmente sean juzgados físicamente en el país.

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