Proponen prohibir controles viales 'con fines recaudatorios' en Córdoba

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Córdoba busca prohibir los controles viales que, según su autor, se realizan con fines recaudatorios en lugar de preventivos. La iniciativa es del diputado radical Mauricio Jaimes y apunta directamente a los operativos de la Policía Caminera y a los criterios con los que se ubican en las rutas provinciales.

Jaimes sostuvo que el problema central es la ubicación de esos controles: en vez de instalarse antes de cruces peligrosos o zonas de riesgo para advertir a los conductores, aparecen después de esos puntos. Para el legislador, eso revela una lógica orientada a detectar infracciones ya cometidas, no a evitarlas.

El argumento detrás del proyecto

En declaraciones públicas, Jaimes fue directo: 'Después de los cruces peligrosos, después de las zonas de riesgo, te colocan los controles con una finalidad pura y exclusivamente recaudatoria'. El proyecto que presentó busca establecer por ley que cualquier operativo vial debe tener una finalidad preventiva, educativa y orientada a proteger a quienes transitan.

La propuesta implica que la Policía Caminera debería priorizar la instalación de controles en puntos anteriores a las zonas de riesgo, de modo que el dispositivo funcione como una señal de alerta para el conductor antes de enfrentar el tramo más peligroso.

El impacto en el turismo

Jaimes también vinculó el proyecto con el sector turístico. Aseguró que recibe reclamos frecuentes de viajeros que eligen no circular por Córdoba para evitar multas. Mencionó en particular el caso de personas que se trasladan en motorhomes o con casillas rodantes, quienes según relató optan por rutas de otras provincias precisamente por esta razón.

'Es impresionante cómo recibimos planteos de gente del turismo', afirmó el legislador, quien atribuyó parte del problema al accionar del Ministerio de Seguridad a través de la Caminera.

El proyecto todavía no tiene fecha de tratamiento en comisión. Si avanza, implicaría una modificación en los protocolos operativos de la Policía Caminera y en los criterios con los que el Ejecutivo provincial planifica los controles en rutas. La iniciativa abre un debate sobre dónde debe estar el límite entre la recaudación por infracciones y la prevención vial como política pública.