Pollicita pide pasar la causa de Adorni al fuero penal económico por posible evasión

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra Manuel Adorni deje de investigarse como presunto enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, que deberá analizar si hubo evasión tributaria. Según su dictamen, las pruebas reunidas no permiten descartar que los fondos cuestionados se hayan obtenido antes de que el funcionario ingresara al Poder Ejecutivo.

El pedido no es un sobreseimiento ni una resolución definitiva. El juez federal Ariel Lijo tiene que decidir si acepta la declinatoria de competencia y envía el expediente al otro fuero. Para la Fiscalía no hay elementos suficientes que sostengan un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública, pero sí persisten indicios de ingresos, dólares en efectivo y criptoactivos que habrían quedado sin declarar durante años.

Los números de la investigación

La causa nació de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y analizó la evolución patrimonial de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. En ese lapso, la Fiscalía detectó erogaciones por US$402.578,12, de las cuales US$374.081,66 se pagaron en efectivo. También identificó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas relevados.

Los desembolsos incluían pagos vinculados con la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de una propiedad en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Según el dictamen, parte de esas operaciones se hizo por fuera del sistema bancario o con intervención de terceros.

La defensa y el criterio del fiscal

Ante la intimación para justificar su patrimonio, la defensa de Adorni sostuvo que los fondos provenían de una inversión en Bitcoin anterior a su llegada al Gobierno. Afirmó que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia y que las compras sumaron cerca de US$200.000. La venta posterior de esos activos, según el descargo, produjo US$591.544,61, que se conservaron luego en efectivo.

Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con los elementos disponibles. El dictamen señaló que, para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito, el incremento patrimonial apreciable e injustificado debía haberse producido después de asumir el cargo. El origen de los fondos planteado por la defensa se ubica, en cambio, varios años antes de diciembre de 2023.

El fiscal también remarcó que la investigación no logró relacionar el dinero cuestionado con 'un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función'. Queda pendiente la decisión de Lijo: si acepta el planteo, el expediente irá al fuero penal económico, que evaluará si existió evasión tributaria.