Piden juicio para 13 miembros del Tren de Aragua que operaron en Corrientes

La Fiscalía Federal de Corrientes pidió formalmente elevar a juicio oral a 13 personas acusadas de integrar una célula vinculada al Tren de Aragua que operó en el país al menos hasta mayo de 2025. El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez Gustavo Fresneda, y lleva las firmas de los fiscales federales Flavio Ferrini, Santiago Marquevich y Diego Velasco, con apoyo de la Ufeco y la Procelac.

Al frente de la estructura estaba el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido como 'El Yiyi', líder de la 'Banda del Yiyi', una facción aliada al Tren de Aragua. Boscán Bracho ingresó a la Argentina en 2019 con documentación colombiana falsa y se instaló con su familia en un barrio privado de Santa Ana, Corrientes, donde se presentaba ante sus vecinos como un ciudadano extranjero de fortuna legítima.

La caída de 'El Yiyi'

En octubre de 2023, agentes de Interpol de la Policía Federal Argentina lo detuvieron sobre la Ruta Provincial N° 43, en el acceso al country donde vivía. Desde entonces está alojado en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza bajo el régimen Sigpplar, reservado para internos de alto riesgo. Las escuchas realizadas durante su detención demostraron que continuó coordinando operaciones financieras de la banda desde la celda. La Corte Suprema ya autorizó su extradición a Venezuela para responder por crímenes cometidos en ese país.

El circuito del lavado

El requerimiento fiscal describe un entramado financiero que permitió la circulación de más de $120 millones provenientes de actividades ilícitas. Para mover ese dinero, la organización utilizó transferencias bancarias y billeteras virtuales, el sistema informal hawala —una red de confianza que opera al margen de los controles oficiales—, remesas internacionales y compra de bienes muebles e inmuebles. Todo apuntaba a consolidar la infraestructura logística de la banda en territorio argentino.

Los cargos acumulados incluyen Organización Criminal Transnacional, con una escala penal de 8 a 20 años; Lavado de Activos, de 3 a 10 años; y, para nueve de los principales imputados, Financiamiento del Terrorismo, que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

Las pruebas que sostienen la acusación

Para construir el caso, el Ministerio Público Fiscal recurrió a intervenciones telefónicas, levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre decenas de cuentas, y peritajes del Departamento Antimafia de la PFA. A ese material se sumaron reportes confidenciales del FBI, el Departamento de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos e Interpol, lo que convierte a esta causa en una de las pocas investigaciones locales con respaldo de inteligencia internacional de ese nivel.

Si la elevación a juicio prospera, este proceso se convertiría en el primer debate oral en Argentina que expone de forma directa los mecanismos de financiamiento y penetración territorial del Tren de Aragua, una banda que hasta ahora había logrado operar en el país con relativa impunidad durante varios años.