Pichetto y Massot van a la Justicia para frenar la venta de tierras a extranjeros

Después del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la Ley de Tierras Rurales, la oposición en Diputados movió fichas en dos frentes: busca votos para restablecer la norma por vía legislativa y, al mismo tiempo, recurrió a la Justicia para frenar los efectos del DNU 70/2023 de Javier Milei. Este viernes, los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, para suspender la aplicación del artículo 154 del decreto.

La maniobra busca evitar que, mientras el Congreso debate, se concreten compras de tierras rurales por parte de extranjeros sin ningún tipo de límite. Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, advirtió que tras la decisión del máximo tribunal quedaron sin efecto todas las restricciones que imponía la ley: ni por porcentaje de superficie nacional, provincial o departamental, ni por nacionalidad, ni por la proximidad a cuerpos de agua permanentes de importancia estratégica.

El origen del conflicto judicial

Todo arrancó con una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. En marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal platense, con las firmas de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, admitió el amparo colectivo y declaró inconstitucional la disposición del DNU que derogó la Ley 26.737. Esa resolución mantuvo la norma vigente durante más de un año.

El escenario cambió el 29 de septiembre pasado, cuando la Corte Suprema revocó esa sentencia. El fundamento no fue la validez constitucional del artículo 154 del DNU, sino la 'falta de legitimación' del CECIM: el tribunal consideró que la organización no estaba habilitada para presentar la demanda. Al mismo tiempo, la Corte aclaró que no se pronunció sobre el fondo del asunto ni sobre el rol que le corresponde al Congreso en la materia.

Qué dice la presentación de los legisladores

En el escrito presentado este viernes, Pichetto y Massot argumentan que la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir 'plenos efectos' desde ese fallo y que hoy no rige ninguna restricción para que extranjeros adquieran tierras rurales en el país. También señalan que los campos y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos, escasos e irrenovables, y que la regulación sobre su disposición le corresponde al Poder Legislativo, no al Ejecutivo.

El planteo tiene un objetivo concreto: que la cautelar suspenda el artículo 154 del DNU hasta que el Congreso vote una ley que reestablezca los límites a la compra de tierras por extranjeros. Sin ese freno judicial, cualquier operación que se concrete en el interín podría quedar firme como 'derecho adquirido', lo que complicaría eventuales reversiones futuras.

La jugada opositora combina, entonces, una estrategia parlamentaria y una judicial. Si la cautelar prospera, gana tiempo para sumar los votos necesarios en Diputados. Si no, el Ejecutivo seguirá sin restricciones sobre la venta de campos a ciudadanos extranjeros, en un contexto donde la cuestión de la soberanía territorial ya generó rispideces dentro y fuera del arco opositor.