Organizaciones de derechos humanos rechazan la ley que prohibiría a los cuidacoches en Santa Fe

La Legislatura santafesina tiene previsto tratar este jueves un proyecto de ley que prohibiría la actividad de los cuidacoches en toda la provincia. Antes de la votación, distintos organismos de derechos humanos tomaron posición pública en contra de la iniciativa, advirtiendo que afectaría a personas en situación de alta vulnerabilidad social.

Los cuidacoches, conocidos también como 'trapitos', realizan una tarea informal de cuidado de vehículos en la vía pública a cambio de una colaboración voluntaria. En muchos casos se trata de personas sin acceso al mercado laboral formal, en situación de calle o con consumos problemáticos. Para los organismos que se manifestaron, criminalizar esa actividad no resuelve las causas del problema.

Qué dicen los organismos

Las agrupaciones que se expresaron señalaron que una prohibición sin una política social de acompañamiento equivale a perseguir a quienes están en el eslabón más bajo de la cadena de exclusión. Reclamaron que, antes de avanzar con una ley punitiva, el Estado provincial implemente programas de contención, trabajo y salud para esa población. Ninguna de las organizaciones consultadas avaló la iniciativa legislativa en su forma actual.

Desde el sector político, el proyecto cuenta con respaldo de sectores que argumentan que la actividad genera inseguridad y presión sobre los automovilistas. Los impulsores de la norma sostienen que en varias ciudades santafesinas los cuidacoches operan de manera coercitiva, exigiendo dinero bajo amenaza implícita o explícita.

El debate que abre la votación

El proyecto pone sobre la mesa una tensión que no es nueva: la frontera entre el orden público y la desigualdad estructural. Prohibir una actividad sin abordar las condiciones que la generan desplaza el conflicto en lugar de resolverlo, es el argumento central de quienes se oponen. Los organismos de derechos humanos insisten en que la respuesta tiene que ser social antes que penal.

Santa Fe no sería la primera provincia en debatir este tipo de regulaciones. En otras jurisdicciones del país se ensayaron ordenanzas municipales con resultados mixtos: en algunos casos bajó la presencia de cuidacoches en zonas céntricas, pero aumentaron los conflictos en barrios periféricos adonde se trasladó la actividad.

Si la Legislatura aprueba el proyecto este jueves, la ley pasaría al Ejecutivo provincial para su promulgación. Los organismos de derechos humanos ya anunciaron que seguirán movilizados para reclamar que cualquier marco regulatorio incluya una salida laboral o social para las personas que hoy dependen de esa actividad para sobrevivir.