Multan a Santilli con $100.000 diarios por no actualizar salarios y becas universitarias

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 aplicó astreintes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick fijó inicialmente $100.000 por día, en la víspera de la Quinta Marcha Universitaria Federal. La resolución aclara que tanto el monto como los funcionarios alcanzados pueden cambiar en etapas posteriores.

Según el fallo al que accedió LA NACION, la medida se adoptó 'atento el incumplimiento verificado' y en cumplimiento de un apercibimiento dispuesto previamente. La cautelar, que había sido ratificada por la Corte Suprema, obliga al Estado a actualizar salarios y becas universitarias. A fines de septiembre, Cormick ya había concluido que el Gobierno no acreditó el cumplimiento pleno y le había dado un plazo máximo de cinco días. Según estimaciones del sistema universitario, la recomposición salarial rondaría el 33%.

La causa principal y la postura del Gobierno

Cormick indicó que la decisión se toma 'en concordancia' con lo resuelto en la causa principal. La semana pasada declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N.º 759/2025 con el que el Gobierno frenó la ejecución de la ley, aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial del año pasado. El gobierno de Javier Milei promulgó la norma, pero no la aplicó.

El Ejecutivo argumentó, como hizo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Congreso dispuso aumentos salariales y presupuestarios sin precisar las partidas de las que debían salir los fondos, por lo que se incumplía la Ley de Administración Financiera. El juez consideró que esa estrategia funcionó como un 'mecanismo extraconstitucional' y como una instancia de veto que la Constitución Nacional no prevé. Agregó que el artículo 9 de la propia ley universitaria daba herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios.

El Gobierno apeló la sentencia y el magistrado concedió el recurso, por lo que quedó suspendido el fallo que declaraba inconstitucional el decreto. La cautelar que obliga a actualizar salarios y becas, en cambio, sigue vigente. En su presentación, el Gobierno reiteró que el Congreso debe especificar de dónde saldrán los recursos para afrontar el mayor gasto público.

La reacción de las universidades

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), valoró la decisión. 'Es muy importante. Muy importante como inicio y antecedente en el proceso judicial que sigue su curso. Nosotros habíamos notificado desde el CIN al juez que había vencido el plazo y no se había cumplido, por lo que habíamos solicitado que se aplicaran las multas correspondientes', afirmó.

Bartolacci destacó además que la multa recae sobre una autoridad concreta: 'No solo es importante que haya fijado una multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad concreta y no al Estado en abstracto'. Sostuvo que el proceso continúa y expresó la expectativa de que los pasos dados 'con mucha responsabilidad' conduzcan a una respuesta. Queda pendiente la resolución de la apelación del Gobierno y si la multa se amplía a otros funcionarios o se modifica su monto.