Milei dijo que expulsó 30.000 terroristas y el Congreso le pide pruebas

En una entrevista con el periodista Luis Majul, el presidente Javier Milei afirmó que su gobierno expulsó 10.000 'terroristas' en 2025 y otros 20.000 en lo que va de 2026. Las declaraciones encendieron el debate político y derivaron en pedidos formales de informes ante el Poder Ejecutivo, exigiendo datos concretos que respalden esas cifras.

Milei sostuvo que los expulsados eran ciudadanos extranjeros que habrían ingresado al país para 'dinamitar el modelo argentino', según sus palabras. Asoció estas presencias con operaciones financieras contra Argentina y corridas cambiarias de montos millonarios, aunque no aportó documentación ni precisó los casos durante la entrevista.

Los pedidos en el Congreso

El diputado nacional Maximiliano Ferraro presentó solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones. Los documentos piden que el Ejecutivo detalle cuántos extranjeros fueron efectivamente expulsados o declarados inadmisibles, discriminados por mes y categoría jurídica, y qué proporción de esos casos tuvo vinculación formal con actividades terroristas.

La iniciativa de Ferraro apunta a una brecha concreta: entre las declaraciones del Presidente y lo que los registros oficiales pueden certificar. La Ley de Migraciones establece restricciones para extranjeros vinculados al terrorismo, pero requiere procesos judiciales, imputaciones formales o inscripción en el Registro de Personas con Prohibición de Entrada por Terrorismo (RePET), mecanismos que difieren radicalmente de las cifras masivas que mencionó Milei.

La tensión entre el discurso y la normativa

La legislación vigente no permite clasificar a alguien como 'terrorista' de manera administrativa y sin respaldo judicial. Para que una expulsión quede encuadrada en esa categoría, debe existir una imputación formal o una inscripción en registros específicos. Si las 30.000 deportaciones mencionadas por el Presidente se realizaron bajo otro fundamento legal, la etiqueta de 'terroristas' carece de sustento jurídico.

Eso no significa necesariamente que los operativos migratorios no hayan ocurrido: Argentina cuenta con mecanismos administrativos para expulsar extranjeros por distintas causales, incluyendo irregularidad migratoria o antecedentes penales. Lo que queda sin respuesta es si alguna de esas expulsiones involucró, en términos formales, imputaciones por terrorismo.

El Gobierno tiene ahora el plazo legal para responder los pedidos de informes. La respuesta, o la ausencia de ella, definirá si las afirmaciones de Milei tienen un correlato documentado o si funcionaron como recurso retórico en el marco de la entrevista.