Milei criticó a la ONU y ahora la usa para frenar la explotación en Malvinas

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes que inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La medida apunta a detener la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos adyacentes.

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente. Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR. En su cuenta de X, el presidente advirtió que si en dos semanas el Reino Unido no detiene lo que calificó como 'explotación ilegítima', Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La contradicción que genera ruido

El anuncio choca con las declaraciones que el propio Milei hizo el 23 de septiembre durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. En esa ocasión, el mandatario desacreditó al organismo, lo acusó de haber abandonado sus funciones originales y llegó a calificar a su estructura de 'parásitos fatalmente arrogantes'. Analistas de política exterior señalaron esta semana que la postura del gobierno resulta 'zigzagueante' y de difícil lectura para los socios internacionales.

El eje concreto del reclamo es el proyecto petrolero denominado 'Sea Lion', que opera en la Cuenca Malvinas Norte. El gobierno también busca bloquear la concesión de nuevos permisos de exploración sobre la Plataforma Continental Argentina, territorio que Argentina considera propio según su legislación y los estándares del derecho internacional marítimo.

Los argumentos jurídicos del Ejecutivo

El comunicado oficial sustenta la acción en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 (XX) reconoce formalmente la disputa de soberanía y convoca a ambas partes a negociar. La Resolución 31/49 prohíbe de forma explícita cualquier decisión unilateral que altere la situación de los archipiélagos en disputa. Sobre esa base, el Ejecutivo califica la explotación británica como una violación al derecho internacional que genera un 'perjuicio irreversible e irreparable' a los derechos soberanos del país.

El procedimiento del Anexo VII de la CONVEMAR permite a un Estado iniciar un arbitraje obligatorio incluso si la otra parte no presta consentimiento expreso. El Reino Unido, aunque no ratificó la misma interpretación sobre la soberanía de las islas, sí es parte de la convención, lo que habilitaría formalmente el mecanismo.

Qué viene ahora

El plazo de dos semanas que fijó Milei vence sin que haya señales de que Londres vaya a detener las operaciones en curso. Si el gobierno cumple con lo anunciado, el caso pasaría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Será la primera vez que Argentina recurre a esa instancia por la cuestión Malvinas. La coherencia entre el discurso soberanista y la política exterior efectiva quedará a prueba en las próximas semanas.