Mendoza quiere derogar 137 leyes de los 90 que ya no sirven para nada

El Poder Ejecutivo de Mendoza envió a la Legislatura un nuevo proyecto para derogar 137 leyes provinciales aprobadas durante la década del 90, junto con sus modificatorias. La iniciativa, bautizada 'Ley Hojarasca IV', es la cuarta entrega de un proceso de depuración normativa que el gobierno provincial viene ejecutando por etapas. En esta ronda se analizaron 383 normas sancionadas entre 1991 y 1999 y se determinó que casi un tercio de ellas ya no tiene aplicación real.

Los motivos por los que se propone derogar cada ley varían: algunas cayeron en desuso con el tiempo, otras quedaron sepultadas bajo normativa posterior, varias cumplieron su objetivo puntual y otras simplemente fueron superadas por cambios tecnológicos que volvieron irrelevante su contenido.

Qué leyes entran en la lista

Entre los casos más ilustrativos aparece la Ley 5732, que obligaba a la Imprenta Oficial a distribuir ejemplares físicos de la Constitución provincial entre estudiantes. También se propone eliminar las Leyes 6061 y 6073, que regulaban el sistema de medidores de pulsos de la telefonía fija y la confección de guías telefónicas impresas, dos tecnologías que prácticamente desaparecieron del paisaje cotidiano. Un tercer ejemplo es la Ley 6733, creada para gestionar el llamado 'problema informático del año 2000': su objetivo se cumplió hace más de dos décadas y desde entonces no tiene efecto alguno.

El proyecto no implica reformas de fondo ni cambios de política pública. Solo busca retirar del ordenamiento jurídico las normas que, en la práctica, ya no generan derechos ni obligaciones para nadie.

El recorrido de las etapas anteriores

La 'Ley Hojarasca' no es nueva. La primera etapa abarcó leyes sancionadas entre 1896 y 1950, con 75 derogaciones sobre 102 normas analizadas. La segunda revisó 172 leyes del período 1951-1975 y propuso eliminar 91. La tercera examinó 303 normas dictadas entre 1976 y 1990 y planteó derogar 133. Con esta cuarta entrega, el gobierno completa la revisión de todo el siglo XX.

En total, el proceso acumula la revisión de más de 960 leyes provinciales desde que arrancó. La proporción de normas que se recomendó derogar en cada etapa ronda el 40 o 50 por ciento del universo analizado, lo que da una idea del volumen de legislación acumulada sin vigencia efectiva que convive en el sistema.

Qué sigue ahora

El proyecto pasa ahora a la Legislatura mendocina, donde deberá recibir tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto. Si se aprueba, la provincia completará un ordenamiento normativo que cubre desde fines del siglo XIX hasta el año 1999. El gobierno ya anticipó que, una vez cerrado ese ciclo, el foco se trasladará a las leyes sancionadas a partir del año 2000.

El objetivo declarado es tener un cuerpo normativo más limpio y operativo, sin capas de legislación muerta que genere confusión sobre qué está realmente vigente y qué no.