Mendoza quiere convertir en ley el rastreo balístico de armas usadas en delitos

Mendoza avanza en la institucionalización del sistema de identificación balística IBIS mediante un proyecto de Ley de Huella Balística que ingresó a la Legislatura provincial. La iniciativa apunta a regularizar el laboratorio que ya funciona y crear un Banco Provincial de Perfiles Balísticos donde se registren datos obtenidos de armas, vainas y proyectiles recuperados en escenas del crimen.

Desde que el sistema comenzó a operar, en febrero de este año, se detectaron 111 coincidencias entre vainas servidas y otras seis entre proyectiles. Esos cruces de datos fueron útiles en investigaciones por homicidios, tentativas de homicidio, lesiones con armas de fuego, ataques a viviendas y robos agravados.

Cómo funciona la tecnología

El sistema compara las marcas microscópicas que un arma deja en la evidencia cada vez que dispara. Esas huellas son únicas para cada arma, lo que permite relacionar vainas o proyectiles hallados en distintas escenas del crimen entre sí, o vincularlos con armas que luego fueron secuestradas.

Uno de los cambios más significativos respecto al método anterior es la incorporación del análisis de proyectiles. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que antes los cotejos se hacían de forma manual, mirando fotografías, y solo sobre vainas. 'Ahora podemos analizar también el proyectil, y esto es muy importante porque antes no se podía hacer', señaló.

Del expediente a la banda

En varios casos, el cruce de datos permitió conectar evidencias de hechos distintos y reconstruir patrones de uso de una misma arma a lo largo del tiempo. Eso abre la posibilidad de trazar trayectorias delictivas más amplias, más allá del análisis caso por caso.

Rus subrayó ese punto como uno de los valores centrales de la herramienta: 'Esto nos permite relacionar hechos y reconstruir una trayectoria delictiva de las bandas'. La idea es que cada disparo registrado en el sistema sume información que pueda cruzarse con futuros hallazgos.

El proyecto que espera tratamiento legislativo busca también establecer protocolos claros sobre qué armas deben ingresar al banco de perfiles, cómo se almacenan los datos y quiénes tienen acceso a esa información dentro del sistema judicial y policial.

Si la ley se aprueba, Mendoza pasaría a tener un marco normativo formal para una herramienta que ya mostró resultados concretos en menos de un año de funcionamiento. El desafío siguiente será ampliar la base de datos para que el sistema gane precisión con el tiempo.