Mendoza habilita al IPV a usar fondos del fideicomiso, pero deberá devolverlos en UVA

El Gobierno de Mendoza aprobó un convenio que incorpora al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) como ejecutor de proyectos financiados a través del fideicomiso provincial. El acuerdo fue suscripto el 16 de enero de 2026 por los ministros Víctor Fayad, de Hacienda y Finanzas, y Natalio Mema, de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, junto con el presidente del IPV, Gustavo Cantero.

Con esta herramienta, el organismo podrá acceder a recursos del fideicomiso para obras de infraestructura vinculadas con el desarrollo de la provincia. La condición es que esos proyectos hayan sido priorizados previamente por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial. El financiamiento no es una transferencia sin costo: el IPV tendrá que devolverlo.

Lo que el convenio no define

El documento habilita al IPV a participar del esquema, pero no fija una nómina de obras concretas ni establece cuánto dinero recibirá el instituto. Tampoco implica la aprobación de proyectos particulares ni el inicio inmediato de su ejecución. En términos prácticos, es un marco administrativo y financiero que deja la puerta abierta a futuras intervenciones.

Los detalles deberán resolverse mediante convenios específicos de asignación de recursos. En cada uno se precisarán los proyectos seleccionados, los montos comprometidos y las condiciones del financiamiento.

Cómo se devolverán los fondos

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el mecanismo de recupero. El IPV deberá reembolsar al fideicomiso los recursos que reciba, bajo las condiciones que se pacten para cada obra. Para calcular el capital a devolver, los desembolsos efectivamente realizados se convertirán a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), según el valor vigente en la fecha de cada transferencia.

El porcentaje de devolución, los plazos, las cuotas y la periodicidad de los pagos también quedarán fijados en los convenios específicos. Hasta que se firmen, no hay definiciones públicas sobre qué proyectos de vivienda se financiarán ni por qué montos.