Mendoza aprobó su nuevo régimen penal juvenil con responsabilidad desde los 14 años

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles el nuevo régimen penal juvenil provincial con 32 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La norma establece la responsabilidad penal para personas de entre 14 y 18 años al momento de cometer un hecho delictivo, y adecúa el marco legal mendocino a la Ley Nacional 27.801.

El proyecto había sido impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y ya contaba con media sanción del Senado. Con la aprobación en Diputados quedó convertido en ley, lo que reorganiza todo el fuero especializado en materia de adolescentes en conflicto con la justicia.

Qué cambia con la nueva ley

El sistema contempla tres ejes centrales: seguimiento y control de los adolescentes, prioridad en la reinserción social, y garantía de continuidad educativa. La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) será el organismo encargado de implementar y supervisar todas las medidas, sanciones y programas socioeducativos que se apliquen.

Dentro de esa estructura, la norma crea dos unidades operativas diferenciadas. Por un lado, la Unidad de Privación de Libertad Juvenil, que tendrá a cargo los centros especializados donde se aloje a adolescentes detenidos, con responsabilidad sobre su custodia, traslado y abordaje socioeducativo. Por otro, la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad (UMA), orientada a gestionar programas comunitarios y dispositivos de inserción social, educativa, laboral y sanitaria para quienes no estén privados de su libertad.

El rol del supervisor y la educación como eje

La ley incorpora la figura del Supervisor Especializado, un profesional con funciones de seguimiento individual de cada adolescente. Será el responsable de elaborar informes para la autoridad judicial y de articular con redes socioeducativas y comunitarias.

Uno de los puntos que la norma remarca con énfasis es la continuidad escolar: la escolarización tiene carácter prioritario y no puede ser suspendida como medida disciplinaria bajo ninguna circunstancia. Esto aplica tanto para quienes estén privados de libertad como para quienes cumplan medidas alternativas.

La UMA, en particular, apunta a proteger y restituir los derechos vulnerados de los adolescentes punibles, favoreciendo su inclusión en distintos ámbitos de la vida social. El enfoque no es exclusivamente punitivo: la norma busca que el sistema funcione como una herramienta de intervención temprana con perspectiva de reinserción.

Con la promulgación del nuevo régimen, Mendoza queda en línea con el marco nacional que fija la Ley 27.801 y moderniza un sistema que requería actualización para ordenar competencias, crear mecanismos de control más claros y garantizar derechos básicos a los adolescentes que ingresan al circuito penal.