Más de la mitad de los presos en Ezeiza y Marcos Paz no tiene condena firme

La Procuración Penitenciaria de la Nación publicó su reporte semestral sobre las condiciones de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. El dato más saliente: más de la mitad de las personas alojadas en ambos establecimientos no tiene una condena firme, es decir, sigue detenida en carácter de procesada.

El documento abarca el primer semestre de 2026 y analiza la población carcelaria, su situación procesal, las demandas registradas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos, las medidas de fuerza y las condiciones materiales de encierro en los dos complejos.

Marcos Paz: 1.875 detenidos y casi 6 de cada 10 sin condena

A junio de 2026, el CPF II de Marcos Paz —que aloja varones mayores de 18 años— tenía 1.875 personas distribuidas en cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, lo que dejaba 125 disponibles al momento del relevamiento.

En materia procesal, casi el 57% de los detenidos estaba procesado sin condena firme. En el mismo período, el organismo registró 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones de detención y traslados. También se contabilizaron tres fallecimientos, todos por causas de salud y ninguno asociado a hechos violentos.

Entre las medidas de fuerza documentadas se registraron 14 en total: nueve huelgas de hambre, tres ingestas de elementos no consumibles y dos autolesiones.

Ezeiza: más de 1.900 personas en siete unidades residenciales

El CPF I de Ezeiza, que además de varones aloja personas trans mayores de 18 años, contaba a junio de 2026 con 1.905 personas privadas de libertad distribuidas en siete unidades residenciales. Al igual que en Marcos Paz, más de la mitad de la población no tenía condena firme al momento del corte del informe.

El reporte de la Procuración Penitenciaria funciona como un mecanismo de control externo sobre el sistema carcelario federal. Sus datos alimentan pedidos judiciales, informes ante organismos internacionales y debates legislativos sobre la situación del sistema penitenciario argentino. La alta proporción de procesados sin condena es un problema estructural que el informe vuelve a poner sobre la mesa.