Más de 40 denuncias por venta de bebés en Rosario contra las parteras Viale

La investigación judicial contra las parteras Dolly y Silvia Viale ya reúne más de 40 denuncias por sustracción y apropiación de recién nacidos en Rosario y la región. Las presentaciones provienen de personas que buscan conocer su identidad biológica y de madres a quienes les dijeron que sus hijos habían muerto al nacer. La causa tramita en los Tribunales federales, donde avanza el llamado a indagatoria de una de las acusadas y un pedido de la Fiscalía para exhumar cuerpos de apropiadores y obtener muestras de ADN.

La hipótesis de la querella y la Fiscalía apunta a una red clandestina de venta de bebés que habría funcionado entre 1968 y 1980. Operaba en Rosario y también en localidades vecinas como Casilda y Cañada de Gómez. Según la investigación, las parteras actuaban en domicilios particulares y en algunas instituciones públicas, y se estima que habría más personas involucradas, entre ellas otros parteros y médicos.

Una modalidad que se repetía

Según la investigación, el método era siempre el mismo: se les informaba a las madres que el bebé había nacido muerto y luego se lo entregaba a una familia apropiadora a cambio de dinero. Juan Singer, abogado querellante de dos de las víctimas, explicó que se les decía que los niños habían nacido fallecidos o con muchas deformaciones, por lo que los aislaban y no se los dejaban ver. No entregaban certificado de defunción ni el cuerpo. En un caso sí se entregó un cuerpo, pero no coincidía con la edad de un recién nacido.

Singer sostuvo que el accionar se replicaba en cada lugar. “Por los tipos de respuestas que han tenido las víctimas, era algo ensayado y reproducido hasta el cansancio. Es como una factoría; se han manejado como una empresa”, afirmó. Agregó que hay enfermeras vivas en localidades vecinas que vieron trabajar tanto a Dolly como a Silvia, y que se las investiga como testigos.

El abogado también indicó que Dolly tenía socias y parteros asociados, y que en su clínica clandestina atendían otras personas que fueron variando con el tiempo. En el caso de Roberto, una de las víctimas, quien lo entregó fue un médico ginecólogo. Para la querella, esa estructura demuestra que no se trataba de hechos aislados.

Las dificultades de la prueba

El principal obstáculo es la falta de documentación. “El tema de la prueba documental es dificultoso dado que los registros del Sáenz Peña han sido destruidos por la Municipalidad en su momento. Estamos hablando de registros de hace 50 años. Vamos a reconstruir a partir de testimonios de las víctimas y de las personas cercanas a los hechos”, señaló Singer. Tampoco hay registros en las instituciones públicas sobre el personal a cargo en esas fechas.

En la mayoría de los casos los padres de crianza ya fallecieron. Antes de morir, muchos les contaron a sus hijos que eran adoptados, y eso generó las dudas, junto con las firmas de Dolly o de su hermana en las partidas de nacimiento. Del lado de los padres biológicos, Singer planteó varias hipótesis, y mencionó que en raras excepciones había familias que entregaban a los bebés por una pequeña suma.

En las últimas semanas se sumaron consultas de madres que buscan a sus hijos. “Se han quedado con la pregunta de qué pasó verdaderamente. Generó incertidumbre en el apropiado y en la madre biológica. Son los indicios que nos habilitan a la investigación penal”, explicó el abogado. Queda pendiente la fecha de la indagatoria y la resolución sobre las exhumaciones para cotejar ADN.