Marijuán pidió indagar a Emiliano Estrada por el presunto uso de recursos públicos

En la causa que investiga una serie de videos anónimos difundidos en TikTok contra el Gobierno de Salta, el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria al exdiputado nacional Emiliano Estrada por el presunto uso de dos asesores pagados por el Congreso para producirlos. El pedido fue presentado el 6 de octubre y ahora Casanello debe resolver si lo convoca.

Se trata de Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, ambos empleados legislativos que, según informó Voces Críticas, ya admitieron su participación y acordaron, mediante un juicio abreviado, la pena de un año y cuatro meses de prisión condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública. A esta condena se le suma la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año.

De TikTok a Comodoro Py

La causa comenzó el 16 de enero de 2025, con una denuncia presentada en Salta por la creación de cuentas anónimas en TikTok, entre ellas "La Casta de Sáenz", "Cuentos de la Casta" y "La Casta Salteña". Según la denuncia, desde esos perfiles se realizaban "operaciones difamatorias" que relacionaban al Gobierno provincial y a distintos funcionarios con presuntas actividades ligadas al narcotráfico. La investigación busca determinar si Estrada, entonces diputado nacional, utilizó fondos del Congreso para financiar esa producción. Para el fiscal, el caso encuadra en el delito de peculado de servicios: "haber utilizado trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio".

La denuncia primero quedó en manos de la Justicia salteña, pero en febrero de 2025 el juez de Garantías Pablo Zerdán se declaró incompetente y el expediente pasó al fuero federal, donde la acusación cambió de intimidación pública a presunto peculado de servicios. Fue en esta etapa cuando intervino el fiscal federal de Salta, Carlos Amad, quien sostuvo que la maniobra "buscó intimidar a la población o manipular la opinión pública", según señala Infobae. El mismo medio detalla que, finalmente, la Cámara Federal porteña ordenó trasladar la investigación a los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, "ante el origen de los fondos públicos involucrados y el lugar donde se habría montado la usina de desinformación".