Llaryora rechazó los recortes nacionales en discapacidad y marcó diferencias con Milei

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, marcó distancia del gobierno nacional el 20 de septiembre de 2026 al rechazar de manera pública los recortes presupuestarios que la administración de Javier Milei impulsa en el área de discapacidad. A través de un posteo en la red social X, Llaryora fue categórico: para su gestión, esos fondos y políticas 'no son negociables'.

El mensaje del mandatario provincial llegó en el marco de la discusión presupuestaria nacional, donde el gobierno de La Libertad Avanza busca reducir el gasto en diversas áreas sociales. Córdoba, que hasta ahora mantuvo una relación de cooperación intermitente con la Casa Rosada, esta vez decidió plantar bandera en un punto concreto: la inversión destinada a personas con discapacidad.

La postura de Llaryora

En el texto que publicó, Llaryora subrayó que la discapacidad en Córdoba 'es una prioridad' y que no se trata de 'beneficencia ni caridad', sino de derechos. La declaración apunta directamente a las líneas de ajuste que el gobierno nacional viene aplicando desde que asumió, en diciembre de 2023, y que incluyen revisiones a los programas de asistencia administrados por el ANDIS —el organismo que reemplazó al PAMI en la gestión de prestaciones para personas con discapacidad—.

twitter https://x.com/MartinLlaryora/status/2101655261802877399?ref_src=twsrc%5Etfw

La posición de Córdoba no implica una ruptura formal con la alianza que el peronismo cordobés sostuvo con algunos sectores del oficialismo nacional en el Congreso, pero sí instala una señal política clara: hay áreas donde el acompañamiento tiene límites. Llaryora eligió la discapacidad como ese límite visible.

Tensión con la política nacional

Desde el inicio de la gestión Milei, las provincias con mayor población beneficiaria de programas de discapacidad expresaron preocupación por los cambios en los esquemas de financiamiento. Córdoba es una de las jurisdicciones con mayor cantidad de prestaciones activas en ese sistema, lo que convierte cualquier recorte nacional en un impacto directo sobre el presupuesto provincial.

El gobierno nacional, por su parte, argumenta que la reorganización del gasto busca eliminar irregularidades y duplicaciones en el padrón de beneficiarios, no reducir derechos. Sin embargo, organizaciones de personas con discapacidad y familias afectadas denunciaron demoras en los pagos y dificultades para acceder a las prestaciones durante los últimos meses.

Qué viene ahora

El posicionamiento de Llaryora llega en un momento clave: el tratamiento del proyecto de presupuesto 2027 en el Congreso, donde los bloques provinciales pueden incidir de manera concreta en la distribución de partidas. La jugada del gobernador cordobés busca condicionar a los legisladores nacionales de su espacio antes de que esas negociaciones se definan.

Si Córdoba sostiene esta posición en el Congreso, el oficialismo nacional deberá buscar otros votos para avanzar con los recortes en el área. La disputa, por ahora planteada en términos simbólicos, tiene chances de trasladarse al recinto en las próximas semanas.