Llaryora avisa a los estatales que las paritarias firmadas no se van a sostener

El gobierno de Martín Llaryora les adelantó a los gremios estatales cordobeses, en las reuniones de revisión paritaria, que las finanzas provinciales no están en condiciones de sostener los convenios salariales firmados a principios de año. La advertencia llegó durante los encuentros de seguimiento de esos acuerdos, y el mensaje fue claro: los términos originales van a tener que revisarse, en principio a partir de enero de 2025, aunque nada garantiza que esa fecha sea definitiva.

El gobernador y su ministro de Economía, Guillermo Acosta, monitorean la situación 'minuto a minuto', según fuentes del propio gobierno. La recaudación provincial lleva meses en números negativos y no muestra señales de revertirse en el corto plazo, lo que condiciona cualquier decisión que implique gasto.

Gatillo con atraso y una norma que no se publica

Una de las opciones que maneja la Provincia para reemplazar los aumentos pactados es un mecanismo de 'gatillo' atado a la inflación, pero con dos meses de rezago. Es decir, los salarios ajustarían por el índice de precios, aunque con demora. La medida reduciría el impacto fiscal inmediato, pero también el poder adquisitivo de los empleados públicos en períodos de alta inflación.

Paralelo a eso, hay otra decisión que el gobierno dice tener tomada pero que no termina de ejecutar: la publicación de la norma que modifica la ley 11.087 de emergencia previsional. Esa reforma reduciría la alícuota máxima de aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones de ocho a seis puntos, en línea con dos fallos del Tribunal Superior de Justicia. 'La decisión está tomada, pero como el costo fiscal es elevado, hay que analizar con prudencia el momento de hacerla operativa', reconoció una fuente oficial consultada por Comercio y Justicia.

Malestar en los sectores afectados

La demora en publicar esa norma genera tensión creciente entre los gremios y sectores involucrados. Entre los más afectados están magistrados y funcionarios del Poder Judicial, bancarios, trabajadores de Luz y Fuerza, empleados judiciales y municipales del Suoem. Todos vienen esperando la baja en la alícuota que el propio TSJ ya avaló con sus fallos.

El trasfondo político también pesa. Llaryora apunta a 2025 con intención de ir por la reelección, probablemente enfrentando a un candidato vinculado al espacio de Javier Milei. En ese escenario, el gobierno busca llegar al año electoral con anuncios 'positivos', pero la restricción fiscal le cierra los márgenes de maniobra.

Por ahora, cada medida en carpeta choca con la misma pared: todas tienen costo fiscal, y los fondos para cubrirlas no aparecen. Mientras la recaudación no repunte, el gobierno cordobés va a seguir postergando compromisos y ajustando expectativas hacia abajo.