Le robaron la moto, el seguro no pagó y la Justicia lo indemnizó con $16 millones

Un hombre de 52 años recuperó por vía judicial lo que su seguro se negó a pagarle: la indemnización por el robo de su moto. El Juzgado Comercial Nº 12 ordenó a la aseguradora abonarle $16.235.800 más intereses, tras determinar que el rechazo de la cobertura no tenía sustento contractual.

El robo ocurrió en diciembre de 2024, en el barrio porteño de Flores. El damnificado dejó estacionada su Kawasaki Z400 en la vía pública y, al regresar, la moto ya no estaba. Hizo la denuncia policial correspondiente y notificó de inmediato a su compañía de seguros.

La excusa de la aseguradora

Cuando el hombre presentó el reclamo para cobrar la cobertura pactada en la póliza, la empresa lo rechazó. El argumento fue que la víctima solo había trabado el volante como medida de seguridad, lo que —según la aseguradora— implicaba no haber tomado los recaudos mínimos para prevenir el robo. Con esa justificación, la compañía se desentendió del siniestro y dejó al cliente sin respuesta.

Lejos de aceptar esa posición, el dueño de la moto inició una demanda por incumplimiento de contrato. En el escrito judicial reclamó el valor del vehículo, una compensación por no poder usarlo durante todo ese tiempo, daño moral y una sanción económica para la empresa.

Lo que falló el juez

El tribunal analizó el contrato de seguro y concluyó que la aseguradora no podía exigir medidas de seguridad adicionales que no estuvieran expresamente previstas en la póliza. El juez del Juzgado Comercial Nº 12 consideró que el argumento utilizado para rechazar el pago era inválido y que la empresa había incumplido sus obligaciones.

Con ese criterio, el fallo admitió todos los rubros reclamados. La indemnización final quedó fijada en $16.235.800 más intereses, e incluyó el daño material por la pérdida de la moto, la privación de uso durante el período sin el vehículo y el daño moral reconocido al demandante.

El caso marca un antecedente sobre los límites que tienen las aseguradoras para rechazar siniestros: solo pueden exigir condiciones que estén explícitamente incorporadas al contrato firmado con el cliente. De lo contrario, la negativa puede derivar en una condena judicial con costas e intereses incluidos.