Lavado en el puerto de Rosario: qué inconsistencias detectaron los fiscales en los traspasos accionarios

Los fiscales que investigan a Terminal Puerto Rosario (TPR) identificaron una serie de inconsistencias graves en los traspasos de acciones que modificaron el control del puerto en los últimos años. Las irregularidades apuntan tanto a la gestión anterior como al ingreso de nuevos actores mediante operaciones que no resisten un análisis financiero básico.

La causa se enmarca en una investigación por lavado de activos que tiene como eje el movimiento de dinero dentro de la estructura societaria del puerto. Los fiscales rastrean el origen de los fondos utilizados en las transferencias accionarias y detectaron que varios de esos movimientos carecen de respaldo documental suficiente o presentan valuaciones que no se condicen con el valor real de los activos involucrados.

Las transferencias bajo la lupa

Uno de los puntos críticos de la investigación es la secuencia de traspasos que permitió el ingreso de determinados grupos empresarios al control operativo del puerto. Según la hipótesis fiscal, esas operaciones habrían funcionado como un mecanismo para blanquear fondos de origen no declarado, utilizando las acciones de TPR como vehículo. Los montos pactados en algunas de esas transacciones difieren significativamente de las valuaciones de mercado registradas en el mismo período.

Los investigadores también pusieron el foco en la documentación societaria presentada ante los organismos de contralor. En varios casos, los contratos de cesión de acciones fueron suscriptos con fechas que no coinciden con los registros internos de la empresa ni con los movimientos bancarios asociados. Esa brecha temporal es uno de los elementos que los fiscales consideran indicios de maniobras coordinadas para ocultar el verdadero origen del capital.

Quiénes aparecen en la causa

Entre los imputados figuran ex directivos de TPR y operadores financieros vinculados a los grupos que ingresaron al paquete accionario en distintas etapas. La causa no apunta exclusivamente a una gestión: los fiscales trazaron una línea de irregularidades que atraviesa diferentes administraciones y que, según la acusación, involucra a personas que actuaron como prestanombres o testaferros dentro del esquema.

La Justicia federal de Rosario tiene a su cargo la investigación. Hasta el momento se realizaron allanamientos, se embargaron cuentas y se solicitó documentación a entidades bancarias y al registro societario provincial. Las defensas de los imputados cuestionan la interpretación fiscal y sostienen que los traspasos se realizaron conforme a la normativa vigente.

El caso pone bajo presión la transparencia en la administración de una infraestructura crítica para la exportación argentina. TPR opera en el corredor fluvial del Paraná, uno de los puntos de salida más importantes de la producción agroindustrial del país. La resolución de la causa podría derivar en cambios en la estructura de control del puerto y en la apertura de nuevas imputaciones.