La Justicia volvió a intimar al Gobierno por salarios universitarios bajo amenaza de multas

El juez federal Martín Cormick volvió a intimar este miércoles al Gobierno nacional para que cumpla la medida cautelar que ordena aplicar dos aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario: la actualización salarial de docentes y no docentes de universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. El magistrado fijó un nuevo plazo de cinco días hábiles y advirtió que, si el Estado no acata la orden, podrá imponer multas diarias conocidas como astreintes.

La nueva resolución llegó en respuesta a un pedido de revocatoria que el Gobierno presentó contra la intimación anterior, dictada el 22 de septiembre. Al ampliar los fundamentos de su decisión, Cormick ratificó que la cautelar está firme y que el Estado tiene la obligación de cumplirla.

La cautelar que la Corte dejó firme en junio

El origen del conflicto judicial se remonta a diciembre pasado, cuando Cormick dictó la cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar la Ley 27.795. El Gobierno intentó revertir esa decisión por distintas vías, pero el 25 de junio la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por la administración nacional. Desde entonces, la orden judicial quedó firme y el juez realizó múltiples actuaciones para exigir su acatamiento.

Uno de los puntos centrales de la nueva resolución es el análisis del artículo 5° de la ley, que establece los criterios de actualización salarial. Cormick reconoció que el Estado acreditó algunos avances: convocó a paritarias y ejecutó órdenes de pago. Pero concluyó que esas acciones no demuestran que los aumentos se calcularon conforme a las variables de ajuste que fija la norma.

La inflación del 312% como vara de medición

Para evaluar el cumplimiento, el juez tomó como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026. El dato que citó en la resolución es concreto: la inflación acumulada en ese período fue del 312,19%. A partir de esa cifra, Cormick determinó que los salarios universitarios no alcanzaron una actualización equivalente.

El argumento oficial sostenía que la cautelar se estaba cumpliendo a través del acuerdo paritario de junio, que fijó un aumento del 21,3%, más otro 3% previsto para octubre. El magistrado descartó esa postura y la calificó como cumplimiento parcial, insuficiente para dar por satisfecha la orden judicial.

Qué puede pasar si el Gobierno no acata en el plazo

Si el Estado no acredita el cumplimiento dentro de los cinco días, el juez quedará habilitado para imponer astreintes, es decir, multas económicas que se acumulan por cada día de incumplimiento. Se trata de una herramienta coercitiva que los tribunales utilizan para presionar al deudor de una obligación judicial cuando las intimaciones no generan respuesta.

El conflicto por el financiamiento universitario viene tensando la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo desde fines del año pasado. Con la cautelar firme, el nuevo plazo de cinco días y la amenaza de multas sobre la mesa, el Gobierno deberá definir cómo responde a una orden que ya no tiene margen de apelación.