La Justicia suspendió las elecciones de la UTA y las pasó a diciembre

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió este miércoles las elecciones del gremio de los colectiveros, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que estaban previstas para el 7 y 8 de octubre. El tribunal fijó una nueva fecha de votación para el 17 y 18 de diciembre y ordenó retroceder el proceso electoral a la etapa de presentación de listas y avales.

Los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez fundamentaron la decisión en problemas concretos: irregularidades en el padrón, deficiencias en la distribución de mesas y vicios en la oficialización de las listas. Según el fallo, el proceso no podía avanzar válidamente en esas condiciones.

Las fallas que motivaron la intervención

Uno de los puntos más graves que identificó el tribunal fue el padrón electoral: se registraron 2.870 exclusiones procesadas entre junio y agosto bajo la causal genérica 'Cese Laboral (despido, renuncia, etc.)', sin que ninguna de ellas consignara la fecha en que terminó la relación laboral. Esa omisión impidió verificar si los trabajadores excluidos tenían derecho a votar.

La Cámara señaló que había intentado, en una primera instancia, que la propia Junta Electoral corrigiera las anomalías detectadas. Sin embargo, los problemas no solo persistieron sino que, en algunos casos, se agravaron. Ante eso, el tribunal consideró que la intervención judicial era inevitable.

La denuncia que desató el expediente

El caso se originó en una presentación judicial impulsada por la Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, secretario general de la seccional Mar del Plata de la UTA. La demanda, patrocinada por el abogado Leandro Recalde, apuntó directamente contra el gremio y su Junta Electoral por las irregularidades en el proceso.

Como parte de la resolución, la Cámara mantuvo la integración de la Junta Electoral Central y de las juntas locales, pero dispuso que todo el proceso quede bajo fiscalización permanente. Para esa tarea designó al abogado Matías Cremonte como veedor judicial, con facultades para asistir a las reuniones de la Junta, acceder a registros y bases de datos, solicitar copias y controlar cada etapa del comicio.

El fallo advirtió que 'la consecuencia de lo expuesto resulta tan delicada como ineludible' y concluyó que, en las condiciones detectadas, el acto eleccionario no podría haberse celebrado válidamente en octubre. Con la nueva fecha fijada y un veedor en funciones, el proceso electoral de la UTA deberá recomenzar desde cero en materia de listas, con las elecciones internas corridas dos meses.