La Corte Suprema confirmó cinco años y cuatro meses de prisión para un empleado municipal de Carlos Paz

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cinco años y cuatro meses de prisión contra Alejandro Pavese, empleado municipal de Villa Carlos Paz, Córdoba. Fue uno de los acusados por abusar sexualmente de un compañero de trabajo en el taller mecánico municipal. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de su defensa.

Pavese fue condenado por "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el daño a la salud mental de la víctima". Según la causa, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 en el taller ubicado en la esquina de Alfonsina Storni y Los Ceibos. La víctima tenía 18 años en ese momento y trabajaba junto a los agresores.

Los hechos y las otras condenas

La fiscalía estableció que se cometieron dos hechos de abuso sexual en un marco de humillaciones y aprovechamiento de la situación de inferioridad de la víctima. A ellos se sumó un tercer episodio más grave, calificado como "abuso sexual con acceso carnal". Los investigadores determinaron que los ataques fueron planificados entre los acusados.

Según la investigación, en uno de los episodios la víctima descansaba junto a sus compañeros Daniel Pedano, Gonzalo Benjamín Cabrera y Lucas López cuando, previo acuerdo entre ellos, fue atacada. El abuso fue registrado con teléfonos celulares. En la misma causa se fijaron penas de seis años para López y de cinco años y medio para Pedano y para Cabrera.

El recorrido judicial y la reparación

En 2023, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Sexta Nominación de Córdoba condenó a los acusados. El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia rechazó el recurso presentado contra ese fallo. Con la decisión de la Corte Suprema, la condena de Pavese quedó firme.

La sentencia también alcanzó a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que fue condenada a pagar 14 millones de pesos de resarcimiento a la víctima. El monto corresponde a "daño moral" y a "gastos médicos pasados y futuros". Con el fallo del máximo tribunal ya firme, queda pendiente la ejecución de las penas y del pago ordenado al municipio.