La Corte Suprema cerró el caso de Sastre y confirmó la zona libre de fumigaciones

Todo empezó con el diagnóstico de una nena de dos años. Zoe Giraudo tenía linfoma linfoblástico tipo T cuando su familia comenzó a buscar respuestas sobre los agroquímicos que se aplicaban a metros de sus casas en Sastre, un pueblo de poco más de 6.000 habitantes en el centro-oeste de Santa Fe. Ese reclamo familiar se convirtió en una causa colectiva que, tras recorrer todas las instancias judiciales posibles, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 13 de agosto, el máximo tribunal cerró el caso sin revisar las sentencias anteriores.

El fallo original lo había dictado en septiembre de 2020 el juez Duilio Hail, quien estableció una zona de exclusión de mil metros entre las fumigaciones terrestres y la planta urbana de Sastre. Desde entonces, la Municipalidad de Sastre y Ortiz intentó revertir esa decisión con sucesivos recursos: primero ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela, luego ante la Corte Suprema provincial y finalmente ante el máximo tribunal nacional. Ninguno de esos intentos prosperó.

La resolución de la Corte

En pocas líneas, la Corte Suprema nacional desestimó la queja municipal por falta de fundamentación autónoma, según lo exige el artículo 15 de la ley 48. En la práctica, eso significa que el tribunal consideró que no había razones suficientes para intervenir y revisar lo ya resuelto. Caso cerrado, sin ningún tribunal que haya modificado la decisión de primera instancia en todos estos años.

El especialista en derecho ambiental Luis Blanco señaló en el diario La Capital de Santa Fe que son escasos los antecedentes en materia ambiental que acumularon una secuencia de ratificaciones judiciales de esta magnitud. La causa, indicó, pasa a ser 'una referencia obligada' en el ámbito del derecho ambiental argentino.

El origen del reclamo

Sonia González, madre de Zoe, recordó en 2020 cómo fue el momento del diagnóstico y la explicación que recibieron de los médicos: la exposición a agroquímicos era señalada como factor determinante. 'En mi casa, cruzás una calle de tierra y empiezan los campos de soja. Estamos rodeados', describió por entonces. González también había trabajado durante once años en una cooperativa agrícola cuyo depósito de insumos químicos estaba a cinco metros de su oficina. Cuando le dieron el alta a su hija, la familia entendió que debía actuar.

El reclamo judicial se inició en 2018, impulsado por vecinos de Sastre que denunciaban las fumigaciones en las inmediaciones de sus viviendas. La causa tardó ocho años en recorrer todas las instancias hasta obtener una resolución definitiva a nivel nacional.

Un precedente para otras comunidades

La confirmación del fallo tiene implicancias más allá de Sastre. Otras localidades rurales de la Argentina que enfrentan situaciones similares podrán citar este caso como antecedente directo al momento de iniciar o sostener sus propios reclamos judiciales. La secuencia ininterrumpida de ratificaciones, desde el juzgado de primera instancia hasta la Corte nacional, le da al fallo un peso jurídico poco común en litigios ambientales del país.

El cierre del expediente consolida una zona de protección efectiva para los vecinos de Sastre y deja en pie la restricción que el municipio buscó levantar durante seis años. Para la familia Giraudo y para quienes acompañaron la causa desde el principio, la resolución del máximo tribunal representa el punto final de una disputa que arrancó con una pregunta médica y terminó transformada en política pública judicial.