La Corte rechazó el planteo de siete rugbiers contra la fiscal del caso Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo de siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. El máximo tribunal intervino en una causa penal que los propios condenados habían impulsado contra la fiscal que investigó el homicidio y otros funcionarios judiciales. Les atribuían irregularidades durante las primeras horas del expediente.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Desestimaron el recurso porque carecía de fundamentación autónoma y no refutaba de manera adecuada los argumentos de la resolución apelada. Con esa decisión, la denuncia penal queda sin una vía de revisión en el máximo tribunal.

El origen de la denuncia

El planteo fue impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Los siete sostenían que, durante las indagatorias realizadas pocas horas después del crimen, no se les informaron correctamente los hechos que se les imputaban ni las pruebas reunidas en su contra. También cuestionaron las circunstancias en que se confeccionaron y firmaron las actas de esas declaraciones.

Según la defensa, esos procedimientos no respetaron las garantías previstas por el Código Procesal Penal bonaerense. Esos argumentos formaron parte de la estrategia defensiva dentro de la causa principal por el homicidio. Pero Tomei decidió avanzar además por una vía independiente, con una denuncia penal por falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

Entre los denunciados estaban la fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la investigación del crimen, y la defensora oficial Verónica Olindi Huespi. También figuraban funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había dictado la prisión preventiva de los imputados.

Los horarios de las actas

La controversia comenzó en febrero de 2020, cuando Tomei cuestionó públicamente el procedimiento seguido en las primeras indagatorias. En ese momento, el abogado sostuvo que había inconsistencias en los horarios consignados en las actas: algunas declaraciones figuraban registradas con diferencias de apenas minutos.

Para la defensa, esos intervalos eran insuficientes para cumplir con todas las formalidades que exige la ley. Entre ellas, informar a cada detenido sus derechos, comunicarle los hechos atribuidos y ponerlo en conocimiento de las pruebas existentes. Con el rechazo de la Corte, esa línea de cuestionamiento queda cerrada en el plano de la denuncia contra los funcionarios judiciales.